La juez Lamela rechaza los recursos de todos los exconsellers presos en los que pedían su puesta en libertad
Los recursos de reforma se interponen en primera instancia ante el juez que ha dictado la resolución que se pretende impugnar y son habitualmente desestimados
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha desestimado los recursos de reforma interpuestos por varios de los exconsejeros de la Generalitat, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, contra la decisión de la magistrada de enviarles a prisión por rebelión, sedición y malversación de fondos el pasado 2 de noviembre. La decisión, que se puede recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, implica que los políticos permanecerán de momento encarcelados.
Los recursos de reforma se interponen en primera instancia ante el juez que ha dictado la resolución que se pretende impugnar. En la inmensa mayoría de los casos suelen desestimarse.
Junqueras y los otros siete exconsellers (Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn) están desde el pasado día 2 distribuidos entre las cárceles madrileñas de Estremera (los varones) y Alcalá-Meco (las mujeres).
La decisión de enviar a prisión provisional a los exconsejeros se fundamenta en los tres supuestos que contempla la ley. El riesgo de fuga lo basa en el hecho de que “algunos querellados ya se han desplazado a otros países” para eludir “posibles responsabilidades penales”. Puigdemont está en Bélgica, donde ha expresado sus dudas sobre la imparcialidad de la justicia española. El temor a una huida de los investigados también la fundamenta tanto en la elevada pena que conllevan los delitos de rebelión (hasta 25 años de prisión en este caso), sedición (15 años) y malversación (de ocho a diez años), como en su elevado “poder adquisitivo”. Esa capacidad les permitiría “abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero”.
La juez también cree que podrían destruir pruebas —porque “han ostentado hasta hace solo unos días” cargos públicos— y volver a delinquir, tal como lo han hecho, de forma “planificada y consciente”, durante los últimos dos años.
La Fiscalía, según ha podido saber EL PAÍS, está dispuesta a modificar su criterio y no oponerse a una futura petición de libertad (con alguna medida cautelar) si manifiestan sin ambages su intención, bien personalmente o de forma fehaciente ante la juez que tramita sus casos, de acatar la Constitución y apartarse de la ilegalidad en sus propósitos secesionistas.
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