La Audiencia cree que la huida de Puigdemont aumenta el riesgo de fuga de Jordi Cuixart

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La Audiencia Nacional ha argumentado para rechazar la libertad de Jordi Cuixart, el líder de Òmnium Cultural preso desde el 16 de octubre junto a Jordi Sànchez (ANC), que la huida de Carles Puigdemont y varios de sus exconsejeros a Bruselas ha supuesto un aumento del riesgo de fuga. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal, en su auto en el que rechaza dejarlo en la calle (dado a conocer hoy), afirma que si Cuixart "decide abandonar España", le será "más fácil encontrar refugio entre ellos", en referencia a los confinados en Bélgica. El tribunal, no obstante, no utiliza este argumento en el auto en el que rechaza el recurso de Sànchez.

El tribunal considera que el hecho de que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros de su Gobierno hayan huido a Bélgica para ponerse a salvo de la justicia española es un factor que aumenta el riesgo de fuga del líder de Cuixart. Así lo afirman los cuatro magistrados de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia que han rechazado la puesta en libertad de Cuixart y también del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, en prisión por sedición desde el pasado 16 de octubre.

“El hecho de que parte de quienes tienen una presumible y muy relevante participación en el proceso sedicioso que nos ocupa, con quienes son innegables las afinidades del señor Cuixart, se encuentren huidos en el extranjero, más que ser un factor que minimice ese riesgo de fuga, puede suponer una potenciación del mismo”, sostiene la resolución del sector mayoritario del tribunal. El auto, redactado por el magistrado Ángel Hurtado, considera que la estancia de Puigdemont y los exconsejeros en el extranjero, hace que “siempre le resultará [a Cuixart] más fácil encontrar refugio entre ellos, si decide abandonar España”.

Ambos dirigentes soberanistas están imputados por su participación en los altercados de los días 20 y 21 de septiembre, cuando una multitud supuestamente encabezada por ellos trató de impedir la Operación Anubis de la Guardia Civil. Este operativo policial, ordenado por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, atacaba los preparativos del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre y se saldó con 14 detenidos, 11 de los cuales pertenecían a la Consejería de Economía, dirigida entonces por Oriol Junqueras.

El sector mayoritario considera que el criterio de considerar agravado el riesgo de fuga por la existencia de una posible estructura de apoyo en el extranjero “no es inusual” en la Audiencia Nacional. Al contrario, el auto recuerda que se trata de un “factor relevante” a la hora de analizar el posible peligro de huida en el caso de organizaciones delictivas con ramificaciones en el extranjero. Respecto al riesgo de reiteración delictiva, otro de los criterios para decretar la prisión provisional, los magistrados remarcan las escasas garantías de que puesto en libertad, Cuixart "no vaya a seguir en la misma actitud de franco y no pacífico enfrentamiento que hasta el momento ha venido mostrando”.

El sector mayoritario considera que Cuixart se ha amparado en la cobertura de legalidad de Òmnium y ha prestado una colaboración “relevante” al proceso independentista por vías ilegales. Los autos de prisión de Sànchez y Cuixart cuentan con un voto particular discrepante del magistrado José Ricardo de Prada. Este entiende que la prisión provisional de ambos líderes soberanistas es “innecesaria, inidónea como medida y desproporcionada”.

Según el discrepante De Prada, el Tribunal, a la hora de confirmar la prisión de Sànchez y Cuixart “no llevado a cabo la labor exigible de control jurisdiccional, no ha descendido a la problemática planteada por los recurrentes y ha hecho uso de los estereotipos en lugar de la motivación”.