Trampas de cinco años de ‘procés’

Gobiernos y medios de comunicación de medio mundo han puesto sus ojos sobre el proceso independentista catalán ahora, en su última fase. Pero el procés viene de lejos. Y estas son algunas trampas de su discurso:

Reconocer derechos... o vulnerarlos

El derecho de autodeterminación que las autoridades de Cataluña (ahora destituidas), respaldadas por cientos de miles de personas, reivindican para ese territorio desde hace cinco años implicaría —tanto si se materializa de forma unilateral como si es a través de un referéndum acordado— dotar de un nuevo derecho a los catalanes: la capacidad de decidir libremente si se separan de España. Pero implicaría, al mismo tiempo, despojar de un derecho al resto de españoles: el de decidir si su país debe seguir estando unido o disgregarse. No es, por tanto, una reivindicación que sólo suponga “reconocer derechos democráticos”, sino que implica también quitarlos.

Todo es Estado

Las dos partes de este conflicto no son “Cataluña” por un lado y “el Estado español” por otro. Las instituciones catalanas (la Generalitat y el Parlament) son instituciones del Estado español. El poder que ejercen no es original sino que viene dado por la Constitución Española, de la que deriva el Estatuto de Autonomía. Cataluña no tiene soberanía propia: esta pertenece al conjunto del pueblo español. Por lo mismo, las autoridades catalanas son representantes del Estado en ese territorio. El ahora expresidente Carles Puigdemont era, según rezaba su cargo, “el máximo representante del Estado en Cataluña”. Por ejercer esa representación cobraba su sueldo.

¿Un pueblo oprimido?

Cataluña es una de las regiones con mayor renta per cápita de España y goza —como las otras 16 regiones españolas— de uno de los mayores niveles de autogobierno de Europa. Entre las reivindicaciones principales de los líderes independentistas ha estado siempre la de que los catalanes aporten menos dinero a la caja común.

La ilegalidad anunciada

La reivindicación inicial de las autoridades catalanas era pactar con el Gobierno un referéndum “legal y acordado”. Pero desde el principio avisaron de que, si resultaba que legalmente era imposible, lo harían ilegalmente. “Primero hay que intentarlo de acuerdo con las leyes, y, si no se puede, hacerlo igualmente”, afirmó el entonces president Artur Mas en 2012. Sabían ya que legalmente no se podía hacer: el Tribunal Constitucional lo había dejado dicho en 2008, y lo repetiría muchas veces después: nadie puede autorizar un referéndum de independencia en España si no se reforma antes la Constitución. Justamente porque la base de la Constitución es que la soberanía es de todos los españoles, no de una parte.

El elástico ‘derecho a decidir’

El “derecho a decidir” al que apelan los soberanistas como derecho fundamental por encima de las leyes tiene un problema: es infinito y, de consumarse, daría lugar a un puzzle en continuo cambio. Si se le reconoce a Cataluña la capacidad de decidir si se separa de España, también podría reconocerse a la provincia de Barcelona el derecho a quedarse en España; y, dentro de Barcelona, al barrio de Gràcia a separarse de la ciudad, y así sucesivamente. Si el derecho es fundamental, no admite límites. Pero las autoridades catalanas sólo reconocen el “derecho a decidir” de Cataluña como sujeto único. Niegan, al mismo tiempo, el de España como sujeto único.

Dos años de desobediencia abierta

La Generalitat y la mayoría del Parlament llevan dos años, desde el 9 de noviembre de 2015, instalados en la desobediencia abierta a la legalidad: aquel día aprobaron una resolución en la que declaraban que a partir de ese momento no volverían a obedecer al resto de instituciones españolas, que sólo acatarían las leyes autonómicas y que daban inicio al “proceso de creación del Estado catalán”, que debía culminar en 18 meses. Esto último no ocurrió: siguieron dando patadas al balón y aplazando esa declaración de independencia hasta el pasado 27 de octubre. Lo primero sí: durante dos años han desobedecido —presumiendo de ello— todas y cada una de las sentencias de los tribunales contra su plan de secesión.

El poder de un programa electoral

En España ser independentista no es ilegal. De hecho, partidos independentistas como ERC llevan décadas presentándose a las elecciones y defendiendo sus ideas desde Parlamentos, Ayuntamientos y cargos públicos de toda índole. Pero defender unas ideas y trabajar para que un día puedan llevarse a la práctica no es lo mismo que tener, siempre y en cualquier circunstancia, el derecho automático a ejecutarlas. Por mucho que vayan en el programa electoral de un partido que ha ganado las elecciones. Se necesitan otras dos cosas: lograr las mayorías necesarias (que en unos casos bastará que sean de ámbito local u autonómico y en otras tendrán que ser nacionales) y seguir los cauces legales para implantarlas. Es decir, que lo que es ilegal en España —como en cualquier democracia— es tratar de consumar ese ideal de la independencia (o cualquier otro) por la vía de los hechos consumados, saltándose las leyes, despreciando a los tribunales e ignorando a la mayoría de la población. Es lo que ha hecho el independentismo catalán en los últimos años: el procés ha sido lo que el Tribunal Constitucional describió como “una inaceptable vía de hecho para reformar la Constitución al margen de ella”.