‘Electoralizar’ la Justicia

Se ha dicho que había una supuesta norma no escrita por la cual los Tribunales, en período preelectoral, no debían tomar decisiones respecto de los políticos para no influir en los resultados; en realidad, la única norma existente y escrita, es que no deben los políticos intentar con sus actuaciones influir en las decisiones judiciales. Cuando al fin al separatismo insurrecto le ha llegado la hora de rendir cuentas ante la Justicia por encararse abierta y frontalmente contra la ley, se subvierte aquella máxima no escrita, y son los políticos quienes con su conducta procesal –algunos en fuga- buscan la decisión judicial que influya en los resultados electorales. Al fin, pues, la verdadera judicialización de la política, pero por la vía de la instrumentalización electoral de sus obligadas decisiones.

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Porque hay en España un electorado que quiere ser representado por políticos que buscan la adhesión de los ciudadanos por la vía del quebrantamiento de la norma que rige la convivencia entre ellos. Son los políticos fugados y los ya encarcelados, pero también, y ahora ya sin ambigüedades, su cooperador populista, que alienta el derribo de lo existente para aprovechar los escombros, aunque no se sepa muy bien para construir qué. Son los mismos que argumentan que al aplicarse la ley a quien la vulnera se estimula la desafección al Estado (de Derecho): la famosa "fábrica de independentistas", de cuya supuesta producción en serie se lamentan en contradictoria acrobacia argumental los propios independentistas y sus aliados.

En ese intento de derribar, olvidando –o ignorando – dónde está España en el concierto de las naciones en cuanto a garantías del proceso debido, endilgaron las primeras condenas, frívola e irresponsablemente, a motivos políticos, extrajurídicos, a la prevaricación en definitiva. Así, lo mismo que "presos políticos" fueron los Jordis, lo son ahora los demás encarcelados; "opositores" detenidos "por sus ideas" y no por sus actos. Todo vale para el derribo.

Tras cinco años de martilleante anuncio del "choque de trenes", ya sabemos que el choque no era contra el PP, ni siquiera contra el Gobierno con su absurdo disparo al aire del 155 devolviéndole al sublevado la pistola cargada. El choque era contra el muro de la realidad: la que representa la legalidad procesal y penal, prosaica, pero que es trasunto de la voluntad popular, que protege a la sociedad cautelarmente de quien gravemente quiebra la convivencia con riesgo de reincidir e intentar librarse a las bravas de las consecuencias.