Los 200 cargos cesados por el artículo 155

Tras una semana de intervención de la Generalitat de Cataluña por parte del Gobierno, más de 200 personas han dejado su puesto en la Administración catalana y sus estructuras adyacentes. La mayoría de esos ceses corresponden al personal de confianza que siempre debe dejar sus funciones cuando lo hace el consejero para el que trabajaba —y el Govern fue destituido al completo—. No obstante, también se han producido muchas otras salidas de otro tipo. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido el cierre de casi una decena de organismos dedicados a promover la independencia de Cataluña, así como de la red de embajadas que tejió la Generalitat en el exterior. Eso ha provocado que pierdan su puesto de trabajo decenas de altos cargos y empleados de confianza que podían llegar a ganar más de 100.000 euros.

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“No ha habido ni un solo caso de resistencia o falta de colaboración, sino que se están cumpliendo las obligaciones diarias sin el menor problema”, aseguraron fuentes del Gobierno, que ayer evaluó la marcha de la intervención de Cataluña con una reunión de secretarios y subsecretarios de Estado. El balance de la cita fue favorable. Tan es así, que en esta semana de aplicación del 155 los ministros no han tenido aún que intervenir, sino que la tarea se ha coordinado con una interlocución directa “de director general del Gobierno a director general del Govern”. Aunque el número abultado de bajas podría dar a entender que ha habido ceses en masa por resistencias a colaborar con la intervención, fuentes de La Moncloa recordaron que la mayoría de salidas corresponden a personal de confianza de los consejeros cesados. Al tiempo, estos interlocutores argumentaron que no ha habido ningún problema de importancia con los funcionarios de la Generalitat.

“La consecución de los objetivos perseguidos con las medidas adoptadas por el Senado en aplicación del artículo 155 de la Constitución hace necesario que se proceda a la supresión de aquellos órganos que resulten innecesarios en este contexto o que hayan sido creados con la única finalidad de responder al desarrollo del proceso secesionista, puesto que el mismo ha sido prohibido por sucesivas sentencias judiciales”, razona el Gobierno en los decretos con los que ha decidido la supresión de casi una decena de organismos y el consecuente cese de los cargos de confianza que trabajaban en ellos. “No puede el Gobierno de la Generalitat ostentar y ejercer una potestad, de la que carece, para disponer cosa alguna sobre la formación o creación de unas propias estructuras de Estado o para regular, en otras palabras, un llamado proceso de transición nacional”, argumenta el Ejecutivo en sus escritos. “Con esta medida se trata de asegurar la adecuación de la administración autonómica a sus fines [y] la neutralidad de la Administración autonómica en garantía del pluralismo político”.

El Gobierno asegura que está aplicando su plan de acción bajo los principios rectores de la proporcionalidad, el equilibrio y la eficacia. Sin embargo, la activación del artículo 155 por parte del Senado ha supuesto una cascada de ceses que ha afectado a una treintena de altos cargos y a cientos de trabajadores adscritos solo en la estructura del Govern.

100.000 euros de sueldo

Esos puestos de trabajo están especialmente bien remunerados. El encargado de dirigir hasta hace una semana el Consejo Asesor para la Transición Nacional —rebautizado como Instituto de Estudios de Autogobierno— tenía un sueldo de más de 110.000 euros anuales. Por su parte, el máximo responsable de la Oficina para la mejora de las instituciones de autogobierno cobraba casi 86.000 euros. Y el alto cargo que estaba al frente de la oficina del president, otro de los organismos suprimidos, ingresaba más de 82.000 euros anuales.

Según la documentación oficial de la Generalitat, solo ese grupo de 186 personas cesadas por ser consejero de la Generalitat, uno de sus cargos de confianza, o alto cargo de un organismo suprimido, iba a suponer un total de casi 13 millones de euros para las arcas públicas en 2017.

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy no solo ha puesto la diana en las estructuras que estaba creando el Govern dentro de Cataluña. El Consejo de Ministros ya ha decidido “suprimir” trece de las embajadas abiertas por la Generalitat en todo el mundo. Junto a ellas pierden su puesto de trabajo los representantes de la delegación y todos sus cargos de confianza, según lo publicado en el BOE. El presupuesto del entramado consumía ya 18 millones de euros al año, con 78 personas contratadas —54 de alta dirección—. Además, se preveía incrementarlo hasta llegar a los 35 millones.