Puigdemont cambia a Borrás por Puig en el equipo que le arropa en Bruselas

El "Gobierno legítimo" de Cataluña, según se autoproclama el equipo de Carles Puigdemont, sigue en Bruselas. Pero ha cambiado. El presidente cesado está arropado por cuatro exconsejeros. Hasta ayer miércoles eran Meritxell Borràs, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Meritxell Serret. Pero Borràs —titular de Gobernación y Relaciones Institucionales— se ha presentado finalmente ante la Audiencia Nacional, y ha sido sustituida en esa especie de Gobierno en el exilio por Lluís Puig (Cultura), según confirman fuentes cercanas al Ejecutivo catalán en Bruselas. Puigdemont y los exconsejeros están acusados de rebelión, sedición y malversación.

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Puig estuvo junto a otros consejeros en la comparecencia de Puigdemont ante la prensa del pasado martes en Bruselas, pero viajó a Barcelona esa misma noche. Ahora ha vuelto para arropar a esa parte del Gobierno que se ha atrincherado en la capital belga en busca de internacionalizar —y retrasar en lo posible— el proceso judicial.

Los abogados de Carles Puigdemont anunciaron ayer miércoles que el expresident ignorará la citación de la Audiencia Nacional y no viajará hoy a España para declarar ante la juez Carmen Lamela. Y así lo ha hecho. El Govern destituido difundió un comunicado en el que ratificó que ni Puigdemont ni los cuatro exconsejeros (que siguen siendo cuatro, pero con el cambio de Puig por Borràs) que siguen con él en Bruselas acudirán a declarar y calificaron la causa de “política” y “sin fundamento jurídico”.

Dentro de esa estrategia de internacionalización, de momento Puigdemont apenas suma apoyo. La Comisión Europea le da la espalda. El Consejo Europeo cierra filas con Madrid. Ningún país europeo ha reconocido la independencia. En la Eurocámara hay apoyos minoritarios de grupos nacionalistas y de eurodiputados de extrema derecha. Un puñado de esos eurodiputados, junto a un centenar de académicos, políticos e intelectuales, enviaron el martes una carta al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y al jefe del Consejo, Donald Tusk, en el que piden que la UE tome cartas en el asunto. "La violación de derechos básicos y libertades no puede considerarse un asunto interno", apunta la misiva. "El silencio de la UE y su rechazo a ejercer una mediación constructiva es injustificable", añade. Pero nada ha cambiado en Bruselas: las fuentes consultadas en el brazo ejecutivo de la UE insisten en quedarse al margen, defender el orden constitucional y apoyar al presidente Rajoy, con la única salvedad de que Europa no quiere volver a ver ni en pintura cargas policiales como las del pasado 1 de octubre.

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