Una detención cerca del 21-D
Puigdemont usa los procedimientos judiciales, el suyo propio y el de los otros imputados, para agitar la precampaña y campaña electoral
Aunque cuesta descifrar el código Puigdemont, el expresident suele cumplir lo que dice —excepto su compromiso con el lehendakari Iñigo Urkullu de convocar elecciones—. Y lo que dijo en Bruselas, tras consultar con su abogado Paul Bekaert, va a misa: resistirá en la capital belga una inevitable Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). El expresidente, pues, estará técnicamente en situación de rebeldía al no ir a declarar ante la juez Carmen Lamela.
Si el tribunal de Gürtel rechazó la propuesta de Mariano Rajoy de prestar declaración como testigo por videoconferencia, ¿cómo van a aceptar la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la juez Lamela esa idea lanzada por el abogado de Puigdemont, quizá para disfrazar/dilatar el estado de rebeldía?
La Fiscalía de la Audiencia Nacional es la que tendría que solicitar a la juez que dicte la OEDE dirigida a las autoridades de Bélgica para que Puigdemont fuese entregado a España. Y aquí es donde reside el núcleo de la estrategia de Puigdemont. Los delitos del catálogo por el que se entrega a una persona requerida por la justicia de otro país de la UE, tienen que exhibir, como en todo procedimiento de extradición, doble incriminación: ser delito en España y en Bélgica.
El delito de rebelión, tal y como lo han construido la Fiscalía y la juez Lamela, no es el delito de rebelión del código penal vigente en Bélgica. Ese delito no figura en el catálogo de delitos de entrega automática como podría ser la corrupción o el fraude, el racismo, la falsificación o el chantaje, entre muchos otros. Pero, asimismo, existen unos “restantes supuestos” en los que se podría incardinar la rebelión.
El abogado contratado por Puigdemont intenta ganar tiempo: recurrir la OEDE por la inexistencia de doble incriminación en el delito de rebelión. Y quizá, con muy pocas posibilidades, intentar que Puigdemont termine siendo entregado a las autoridades españolas por todos los demás delitos (malversación, desobediencia, prevaricación). La OEDE prevé la intervención de los juzgados de instrucción: un juez de Bruselas deberá examinar la orden y dar audiencia a la defensa de Puigdemont. Pero el expresident corre un riesgo: puede ser detenido en Bruselas y que la decisión sobre la OEDE cursada por España sea adoptada en 60 días. El factor tiempo es lo que parece estar detrás de la estrategia de Puigdemont. ¿Para qué? Para convertirse en el punto de referencia de las elecciones del 21 de diciembre. Acaba de crear una web como una suerte de presidente en el exilio. Es curiosa la contradicción: apuesta por elecciones democráticas el 21-D, convocadas bajo aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero cuestiona la posibilidad de un juicio con garantías.
Y aquí llegamos al núcleo: Puigdemont juega a ser detenido en el momento que estima más rentable para sus objetivos y los de su partido, el PDeCAT: lo más cerca posible de las elecciones. Usa los procedimientos judiciales, el suyo propio y el de los otros imputados, para agitar la precampaña y campaña del 21-D.
