La acusación quiere que los imputados reintegren 6,2 millones al erario público

Las querellas presentadas este lunes por el fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional solicitan que los 20 querellados por rebelión depositen una fianza de 6,2 millones de euros, que corresponden a partidas presupuestarias vinculadas a la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre. Esta fianza tiene carácter solidario, es decir, que los querellados, si así lo acordaran los jueces, deberían reunir entre todos la cantidad. En caso de no depositarla, el fiscal reclama que sus bienes sean embargados.

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El fiscal general ha explicado que la querella en la Audiencia Nacional se interpone contra los miembros del Govern porque ya no gozan de aforamiento. La querella en el Supremo se presenta contra los miembros de la Mesa del Parlament que permitieron tramitar la votación de la declaración de independencia. El fiscal no pide medidas cautelares ahora, y se reserva hacerlo cuando se les cite “en atención a la gravedad de los hechos imputados”.

La querella presentada ante la Audiencia Nacional va contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí i Obiols, Joaquim Forn, Lluís Puig i Gordi, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Serret.

La del Tribunal Supremo se dirige contra Carme Forcadell, Lluís Maria Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet i Pujals. Todos son miembros de la Mesa de Parlament y todos excepto Nuet, que votó en contra, permitieron tramitar la votación de la declaración de independencia. Pese a estar disuelto el Parlament, al formar parte de la Diputación Permanente, mantienen el aforamiento del que disfrutan todos los diputados. Aunque Nuet ya no está en la Permanente y por tanto, no está aforado, el fiscal considera que actuó “en unidad de acción” con el resto de querellados. Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, participó en el recuento de los votos que aprobaron la resolución de Junts pel Sí y la CUP que declaraba la independencia.

Comparecencia “urgente”

El fiscal general, en su querella, solicita la comparecencia “urgente” de los políticos querellados a fin de tomarles declaración como investigados y de valorar la adopción de medidas cautelares personales contra ellos. Todo ello en atención “a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas”. En caso de incomparecencia, “el fiscal interesa la inmediata detención” de los querellados.

Aunque el grueso de la querella se centra en los acontecimientos de las últimas semanas, el escrito abarca todo el procés desde la declaración independentista del 9 de noviembre de 2015 a la declaración de independencia del pasado viernes. El escrito del ministerio público pretende que se acumulen en la Audiencia Nacional las causas seguidas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en los juzgados 3 y 13 de Barcelona.