Cae una red policial que defraudó medio millón en 15 años

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía detuvo ayer a 14 personas por su presunta implicación en una trama de corrupción policial que llevaba activa más de 15 años. En ese tiempo, sus integrantes habían defraudado más de 500.000 euros de las arcas públicas, según las primeras estimaciones. La investigación, bautizada como Operación Grapa, ha sido dirigida por la Fiscalía Anticorrupción después de que la propia Dirección General de la Policía presentase una denuncia en 2016.

Entre los arrestados hay seis funcionarios de la Policía —la mayoría pertenecientes a la División Económica y Técnica—, aunque no todos son agentes, según detallaron ayer fuentes del Ministerio del Interior. Los otros ocho detenidos son un funcionario de la Dirección General de Tráfico y siete personas vinculadas a una empresa de hostelería que se había hecho con algunos de los contratos ahora bajo sospecha. Los arrestados están acusados de los delitos de organización criminal, fraude a las Administraciones públicas, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales, según detalló Anticorrupción.

Vehículos intervenidos

Junto a los arrestos, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, que tutela las pesquisas, autorizó también 22 registros de domicilios y de sedes de sociedades en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Navalcarnero, Ávila, Arenas de San Pedro y Guadalajara. Además, adoptó diversas medidas cautelares sobre los bienes de los investigados. Así, pidió el bloqueo de diversas cuentas bancarias, la intervención de 13 vehículos —la mayoría de ellos de gama alta— y el embargo de seis inmuebles.

En la denuncia de la Dirección General de Policía que ha propiciado la investigación, se aseguraba que una serie de responsables policiales llevaba años aprovechándose de su participación en las mesas de contratación de la institución policial para adjudicar de manera irregular contratos a cambio de comisiones, que unas veces eran económicas y otras, regalos. Los amaños afectaban a contratos de servicios, obras y compra de material para las propias instalaciones policiales.