El Gobierno cesará a los altos cargos que no acaten la legalidad

El Gobierno cree que el próximo sábado solo tendrá que cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente Oriol Junqueras y al resto de consejeros catalanes. La intención del Ejecutivo es que los 180 altos cargos del Govern y las decenas de responsables de las empresas públicas sigan en sus puestos para que lleven la gestión ordinaria de la Administración autonómica. Esa es la intención, pero si los altos cargos de la Generalitat se niegan a acatar la legalidad, el Gobierno también tiene previsto su cese en Consejo de Ministros.

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No será fácil que el Gobierno central cumpla sus deseos de que las destituciones empiecen y terminen con los miembros del Gobierno de la Generalitat y su personal de máxima confianza. “Se cambian personas no políticas”, señalan fuentes gubernamentales, que confían en que haya un relevo natural en los puestos de dirección de la Administración catalana. La idea es que a los consejeros les sustituya el segundo o el tercero de cada departamento. “Solo les vamos a pedir que sean profesionales y que sigan con su trabajo de mantener en funcionamiento su consejería para seguir prestando servicios a los ciudadanos”, explican estos interlocutores.

Según este esquema ideal, expresado por el presidente Mariano Rajoy a sus ministros, una vez que se apruebe en el Senado el plan para relevar al Govern, la Administración catalana no debería pararse. “Si alguien cree que desde Madrid se van a dictar órdenes para que las consejerías de Educación, Sanidad o Justicia introduzcan cambios en su quehacer diario parte de un error de base profundo”, aseguran estas fuentes.

Además de que los hospitales funcionen, que se atienda a los servicios sociales y que se desarrollen los juicios en los juzgados con total normalidad, se cita a la Consejería de Educación como muestra de lo que no se va a hacer. “No se van a dar más clases de castellano en los colegios ni se va a estudiar la Historia con otros contenidos”, señalan los citados medios, que quieren arrinconar las demandas de intervención dura que exigen algunos sectores de la sociedad catalana y española.

La instrucción de Rajoy es tratar de que este proceso sea lo más breve posible hasta llegar a las elecciones autonómicas para que un nuevo Gobierno tome posesión de acuerdo con la mayoría que consiga, ya dentro del orden constitucional. “Ni hay tiempo ni hay intención de llevar adelante cambios más allá de impedir que se produzcan ilegalidades como las que han llevado a cabo el Gobierno catalán y sus socios", señalan fuentes de La Moncloa que conocen los planes previstos.

Relaciones cordiales

No hay intención tampoco de que funcionarios o altos cargos de la Administración central vayan a Cataluña a sustituir a las autoridades catalanas. “Lo deseable es que los números dos o tresde cada departamento se hagan cargo de la consejería”, señalan fuentes gubernamentales. Los ministros de Mariano Rajoy tienen relaciones cordiales con altos cargos de la Administración catalana, con los que no han dejado de hablar en estos días traumáticos.

Esta semana lo seguirán haciendo y como fruto de esas conversaciones podrán tener elementos de juicio para prever qué puede ocurrir a partir del sábado, cuando el president y el resto de Govern sean cesados. ¿Hasta dónde llegará la solidaridad de los altos cargos de la Generalitat con sus jefes? No es fácil la respuesta. El Gobierno da por hecho que en los primeros momentos habrá un impacto emocional y que muchos altos cargos pasarán apuros personales por aceptar la responsabilidad de sustituir a los consejeros que les han nombrado. “Algunos pueden sentir que traicionan a sus superiores, que han sido cesados por defender la independencia de Cataluña”, señala como hipótesis nada descabellada un ministro de Mariano Rajoy.

Con eso cuentan, pero también con que los altos cargos de la Generalitat saben de antemano que no tendrán que hacer nada que vulnere su conciencia al insistir en que las políticas no se cambiarán. La Generalitat, según sus propias cifras, tiene 202.383 trabajadores, de los que 180 son altos cargos y 333 altos directivos En todo caso, sus puestos quedan a disposición del Gobierno, así como los 12.552 trabajadores laborales temporales que reconoce tener el Govern.

Todos seguirán en sus puestos, salvo que trabajen “para la independencia de Cataluña”, advierten en fuentes del Gobierno. El trabajo de control se hará desde los ministerios en función de las consejerías que tengan asumir. A pesar de los muchos anuncios de la Generalitat de que ha creado estructuras de Estado propias, el Gobierno cree que no la realidad no es así. El embrión de Agencia Tributaria sí se intervendrá y se estará muy encima del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías, la estructura informática sin la cual no funciona la Administración autonómica. El mando de los Mossos d’Esquadra es objeto de gran atención, con especial interés el servicio de información. En esta área sí es más que probable que la intervención del Estado sea más intensa.

La consejería de Asuntos Exteriores también será observada con más atención, pero “no se van a cerrar las embajadas”, señalan fuentes gubernamentales, siempre que no trabajen para el proyecto independentista.