El Supremo avala el despido colectivo de Canal 9
El tribunal considera que la ley que eliminó la radio televisión valenciana no es inconstitucional
El Tribunal Supremo considera ajustado a derecho el despido colectivo de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) que en 2014 afectó a 1.600 trabajadores y ha descartado que el despido colectivo fuera inconstitucional, como alegaba el recurso presentado por el sindicato CGT.
En su deliberación, la Sala de lo Social ha acordado por unanimidad ratificar los argumentos de la sentencia de la Audiencia Nacional que en enero pasado avaló el despido colectivo de Canal 9. La sentencia del Supremo no se conocerá hasta los próximos días, pero según ha adelantado el alto tribunal, la sala considera que la ley autonómica de 2013 que eliminó el servicio público de radio televisión es compatible con la Constitución, por lo que no debe plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional, que, además, ya se pronunció sobre este asunto en una sentencia de 2017. Según el Supremo, esa ley autonómica no puede considerarse “reacción ilícita” frente al fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que había anulado el despido colectivo de 2012, “sino que posee causalidad propia”, sostienen los magistrados.
Asimismo, según el Supremo, el ERE se basó en la extinción de RTVV, al tiempo que en su deficiente situación económica, lo que, según el alto tribunal, aleja la sombra del fraude y constituye causa válida de despido colectivo. El pleno de la Sala de lo Social considera, además, que el despido colectivo es fruto de un acuerdo alcanzado entre el empleador y doce de los trece representantes sindicales, “sin que se haya acreditado la existencia de coacciones o vicios de su voluntad”.
El Gobierno valenciano ya ha aprobado la puesta en marcha de la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (radio y televisión), pero esta aún no ha empezado a emitir. Su directora, la periodista Empar Marco, señaló el pasado julio en una comparecencia en las Cortes valencianas que confía en que las emisiones comiencen antes de final de año.
La ley de creación de la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación salió adelante en el verano de 2016 sin ningún voto en contra, dos años y ocho meses después de que el Gobierno de Alberto Fabra (PP) cerrase Canal 9, que arrastraba un déficir de 1.300 milones de euros.
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