La Audiencia Nacional declara justificado el despido colectivo de RTVV

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La Audiencia Nacional ha declarado justificado el despido colectivo de Radio Televisión Valenciana (RTVV), que afectó a 1.600 trabajadores, y ha descartado que la ley autonómica que suprimió el servicio fuese inconstitucional. La Sala de lo Social desestima la demanda de despido colectivo interpuesta por el sindicato CGT, a la que se adhirieron otros cinco sindicatos. CGT ha anunciado que recurrirá el fallo.

El tribunal, en una sentencia de 90 folios, explica que deben rechazarse todas las cuestiones de nulidad porque, a su juicio, la ley que suprimió el servicio público de televisión fue la única salida a un proyecto agotado, con un grupo que atravesaba "una gravísima situación económica".

"Casi calamitosa, con una plantilla sobredimensionada", apostilla la Audiencia Nacional. Y, ante esa situación, el legislador optó por "suprimir el servicio público". "Lo que supuso una enmienda a la totalidad a la gestión privada de sus responsables y supuso reconocer objetivamente que no se supo gestionar debidamente por sus responsables", afirman los magistrados.

El sindicato GCT, promotor del recurso ante la Audiencia Nacional, ha adelantado que apelará al Tribunal Supremo. "Creemos que hay argumentos para ello, quizá incluso aleguemos la inconstitucionalidad de la ley que se utilizó para cerrar RTVV", ha explicado a EL PAÍS Manuel Camarasa, portavoz del sindicato. Camarasa ha señalado que buscarán el acuerdo con el resto de centrales para recurrir conjuntamente en casación, y ha manifestado su "decepción" por la sentencia de la Audiencia Nacional. Albert Vicent, presidente del antiguo comité de empresa, ha calificado la decisión de "mazazo".

Los jueces resuelven, en contra de lo alegado por los sindicatos, que no existe una sucesión de empresas entre RTVV y la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación que está poniendo en marcha el nuevo Ejecutivo autonómico que preside el socialista Ximo Puig. La sentencia despeja el camino, en ese sentido, al futuro ente, que la Generalitat pretende que sea mucho más pequeño y económico que el que fue clausurado por el expresidente Alberto Fabra, del PP.

Los magistrados concluyen igualmente que los despidos se basaron en causas económicas. "Las aportaciones presupuestarias desde 2009 a 2014" reflejan "una sistemática y continuada situación de insuficiencia presupuestaria que vino arrastrando el Grupo RTVV, toda vez que las aportaciones presupuestarias de la Generalitat valenciana no alcanzaban a sufragar el coste que representaba su mantenimiento", señala la sentencia.

"Alarmante y abismal disminución de ingresos"

Los ingresos por publicidad también registraron una "alarmante y abismal disminución", prosigue el fallo. Estos pasaron de 28,4 millones en 2008 a 5,6 millones cinco años después, "lo que representa una caída de un 80%".

RTVV tenía en el momento en el que la Generalitat decretó su cierre una plantilla de 1.600 trabajadores y una deuda de 1.200 millones de euros.

Los magistrados de la Sala Social de la Audiencia Nacional critican el primer redimensionamiento de la corporación ejecutado por los dirigentes autonómicos, anulado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano. "La conclusión sin acuerdo del período de consultas del despido promovido por el Grupo RTVV y la deficiente utilización de los criterios de selección por parte de las empresas (que integraban dicho grupo), provocó la nulidad del despido, lo cual supuso objetivamente un grave quebranto a la viabilidad del nuevo modelo de radiotelevisión, porque provocaba inevitablemente un incremento de costes sobre los ya existentes".

La sentencia ve "razonable" que una vez anulado el primer ERE por parte del Tribunal Superior valenciano, el Parlamento valenciano, donde el PP tenía mayoría absoluta, descartara aplicar un nuevo despido colectivo, una posibilidad alegada por los sindicatos en el juicio.

La decisión de no plantear un nuevo ERE fue adoptada por los dirigentes valencianos, mantiene el tribunal, tras concluir que llevarlo a cabo "multiplicaría los costes y no concluiría necesariamente con acuerdo, concurriendo, por consiguiente, un grave riesgo de continuar generando pérdidas, que tendrían que soportarse necesariamente por la propia Generalitat en detrimento de otros servicios públicos necesitados también de financiación pública".