Dos excargos del Gobierno defienden las ayudas estatales en el ‘caso ERE’
Los mandos investigados alegan que la orden ministerial de 1995 amparaba el pago
Dos ex altos cargos del Gobierno de José María Aznar han defendido la legalidad de las ayudas estatales al comparecer como investigadas ante la juez del caso ERE, María Núñez, por supuestamente haber incluido a trabajadores como prejubilados pese a que no les correspondía. La ex secretaria general de Empleo Carmen de Miguel y la ex directora general de Trabajo Soledad Córdova, ambas imputadas por estas presuntas irregularidades en el ERE de la minería de Huelva y denunciadas por la Guardia Civil, alegaron que las ayudas concedidas por el Ejecutivo central de manera directa y sin concurso público, cumplían con la ley —la orden ministerial de 1995— y no incluyeron intrusos, personas beneficiadas por el ERE pero ajenas a la empresa.
La juez Núñez acusa a De Miguel y Córdova por malversación y prevaricación en un ERE que costó 172 millones, de los cuales el Gobierno central pagó 34 y el resto lo abonó la Junta para prejubilar a 802 mineros.
Córdova se limitó a contestar a la juez y su abogada, dado que el fiscal no interrogó, y precisó que la Junta andaluza tenía "plena competencia" para dar ayudas, aunque dijo desconocer el procedimiento que aplicó el Gobierno autonómico para conceder las subvenciones. El juicio de la pieza política del caso ERE sentará en el banquillo el próximo diciembre a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La ex alto cargo del Gobierno de Aznar alegó que la Intervención General del Estado fiscalizó las ayudas estatales para el ERE de la Faja Pirítica antes de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, autorizara el pago como delegado del Gobierno en Andalucía, puesto que ocupaba entonces.
Esta mañana han declarado ante la juez como imputados las dos excargos, el ex coordinador general de CC OO en Andalucía Francisco Carbonero y el sindicalista de la misma central Rafael Varea, los sindicalistas de UGT Begoña Abdelkader,y Manuel Chaves Castilla y un supuesto intruso, trabajador de la cantina de la mina, incluido en el ERE al ser considerada una empresa auxiliar de la minería. Todos los imputados han denunciado ante la juez que el atestado de la Guardia Civil sobre el expediente de la minería incluye errores de mayor o menor relevancia, informan fuentes del caso.
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