Dos ex altos cargos de Aznar y seis de la Junta, imputados en el caso del ERE minero de Huelva

La juez del caso de los ERE, María Núñez, ha imputado a 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos del Gobierno de José María Aznar, en una nueva pieza separada por las ayudas sociolaborales de 40 millones de euros concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva. Entre los investigados, también se encuentran seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía, 10 sindicalistas, dos mediadores y cinco trabajadores. La juez considera que los imputados cometieron los delitos de malversación y prevaricación.

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En un auto notificado este jueves, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla incluye como investigadas —antes imputadas— a la secretaria general de Empleo y a la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2003, Carmen de Miguel y Soledad Córdova, respectivamente. El ministro entonces era Eduardo Zaplana. A ambas les acusa de un delito de prevaricación, en concurso con uno de malversación, "por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones", los llamados intrusos.

Entre los investigados también están los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez. Los ex altos cargos están acusados "por conocer, permitir e impulsar la concesión de fondos públicos de manera arbitraria careciendo del procedimiento legalmente establecido, lo que posiblemente permitió que terceras personas se lucraran de manera indebida de fondos públicos". Por su parte, entre los 10 sindicalistas investigados se encuentran el ex secretario general de UGT de Andalucía Manuel Pastrana, quien dejó el cargo en mayo de 2013; y el ex secretario general de CC OO Francisco Carbonero, en esta responsabilidad hasta junio de este año, a los que Núñez acusa de desviar fondos abonados por el Fondo de Garantía Social destinados a la Junta de Andalucía, que había adelantado el pago de las prejubilaciones. 

La investigación se centra en las subvenciones de más de 40 millones de euros concedidos por el ministerio y el Gobierno andaluz a cinco minerías de la Faja Pirítica de Huelva: Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis (Bolsa de Tharsis e Insersa) y Minas Río Tinto. La juez considera que en este ERE hubo pólizas para trabajadores que no habían trabajado en la Faja Pirítica, que se falsearon edades para que pudieran cobrar y que se destinó dinero de las pólizas de los trabajadores a "fines distintos".

Además, la magistrada señala indicios de un delito de malversación en las actuaciones de los mediadores José González Mata, de Uniter, por recibir sobrecomisiones; y del abogado Carlos Leal Bonmati por presentar ante la Dirección General de Trabajo de la Junta "una solicitud de ayudas sociolaborales para individuos a los que no les correspondían dichas subvenciones".

En el atestado de la Guardia Civil, que ha servido de base para esta pieza, se pedía imputar a 267 personas, entre ellos trabajadores perceptores de las ayudas, aunque la juez solo incluye a cinco que se introdujeron como intrusos.