El Gobierno critica la investigación de los ERE por la Guardia Civil
Antonio Sanz (PP) cuestiona la parte de la causa que implica por primera vez al Ejecutivo central
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, cuestiona en un escrito al juzgado que instruye el caso de los ERE el trabajo de la Guardia Civil en la investigación de una parte de la causa que implica por primera vez al Gobierno central. Sanz califica el trabajo de los agentes de "investigación prospectiva", "lo que está vedado". El escrito, fechado el 25 de septiembre, asegura que el Ministerio de Trabajo siguió "el procedimiento legalmente establecido" para conceder las ayudas.
Este escrito responde a un informe de septiembre pasado en el que la Guardia Civil informa al juzgado de posibles pagos ilegales del Ministerio de Trabajo a prejubilados de varias empresas mineras de Huelva. El conocido como ERE de la Faja Pirítica es el más caro de los que están bajo investigación: costó 172 millones de euros, de los que la Junta andaluza pagó 138 y Trabajo, 34. En su informe, la Guardia Civil describe "cómo la Administración central presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa". Pese a que sabía que los listados eran "erróneos al alza", según los agentes, Trabajo no utilizó los cálculos del Instituto Nacional de Seguridad Social sino los de los sindicatos para determinar qué trabajador tenía derecho las ayudas.
Posible malversación
La Guardia Civil describe posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos relacionados con las ayudas de Trabajo. En 2003, cuando se dieron las subvenciones para las pólizas de prejubilaciones, el ministro de Trabajo era Eduardo Zaplana y el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido.
Sanz, que como delegado del Gobierno es el jefe de los agentes de la Guardia Civil, asegura que estos han iniciado "motu proprio" la "investigación prospectiva" que acto seguido califica de ilegal. Un portavoz del PP andaluz aseguró este martes que el 5 de octubre se presentó un escrito en el juzgado "en el que se aclara que quien comparece en nombre del PP es la figura del secretario general en virtud de su cargo y en ningún caso a título personal". Sin embargo, Antonio Sanz dejó de ser secretario general de los populares andaluces en julio de 2012. El portavoz afirma que es "un error" que aparezca él y no la nueva secretaria general.
El PSOE de Huelva aseguró que el PP "está intentando tapar algo que afecta a su gestión".
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