El ala dura del PP reclama prohibir a los partidos independentistas

El ala dura del PP reclama que se prohíba a los partidos independentistas presentarse a las elecciones para impedir que trabajen en favor de la ruptura de España desde dentro de las instituciones. Aunque la propuesta no tiene el respaldo oficial del Gobierno, ni tampoco de la dirección del partido, sí que cuenta con promotores con un peso específico dentro de la formación. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación de la dirección nacional, y Xavier García Albiol, presidente del PP de Cataluña, abogan por introducir cambios legales que repliquen en España los modelos de Francia, Alemania o Portugal, donde se subraya la obligatoriedad de que los partidos políticos respeten la soberanía nacional y la unidad del país para concurrir a las elecciones. 

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“Aparte de cómo salgamos de esta y de cómo se acote el actual desafío independentista, es bueno que el Estado de derecho tenga mecanismos para reforzarse y evitar que estas situaciones vuelvan a pasar”, opinó Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, que también sugirió recuperar los delitos de la convocatoria ilegal de referéndum y de sedición impropia. “En nuestro ordenamiento jurídico no existe una alusión específica a la prohibición o limitación de partidos políticos que vayan contra la soberanía o la unidad nacional”, añadió en conversación con EL PAÍS, recalcando que hablaba a título personal. “¿Cómo se puede fortalecer el Estado de derecho? ¿Vía ley de partidos?”, se preguntó. “Con la ilegalización de Batasuna también se dijo que iba a arder Troya y luego se asumió perfectamente”, se respondió. “¿Que no es esa la vía? Pues vía programa políticos, como dice Xavi García Albiol", apuntó. "Vía reforma constitucional también se podría ver en el bloque en el que se habla de los partidos políticos”, remató. Y recalcó: “Todo el tema de Cataluña debería llevar a un reforzamiento de la idea de España, no solo a nivel legal, sino probablemente a nivel de tejido social".

Por su parte, Albiol, que lidera al PP catalán, abogó el lunes por “prohibir programas electorales que no se ajusten a la legalidad” de cara a las próximas elecciones autonómicas de Cataluña.

En España, la ley de partidos se ha empleado para ilegalizar Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas o Acción Nacionalista Vasca, así como para impedir un puñado de candidaturas electorales. Además de algunos políticos del PP, Vox también defiende la ilegalización de los partidos que defienden la independencia.

El artículo 4 de la Constitución francesa establece que los partidos que se presenten a las elecciones "se constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de la soberanía nacional". El punto 21.2 del texto fundamental de Alemania recalca que "los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales". Y el artículo 10.2 de la Constitución de Portugal subraya que "los partidos políticos concurren a la organización y expresión de la voluntad popular, dentro del respeto a los principios de la independencia nacional, de la unidad del Estado y de la democracia política".

Sin respaldo oficial

Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, se ha comprometido con Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, a estudiar una reforma de la Constitución en los próximos meses. ¿Ve el Gobierno o el PP con buenos ojos la opción de emplear esa oportunidad para introducir en el texto las modificaciones que propone Casado?

"Ni en el comité de dirección ni en el grupo popular ni en el Gobierno se ha planteado eso, y menos en este momento", advirtió una fuente de la dirección del partido. "Lo que hay aquí son voces distintas para contentar a distintos sectores del PP, un reparto de papeles".

De hecho, tanto Rajoy como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han defendido en numerosas ocasiones que la fortaleza del sistema democrático español se refleja en que permite la defensa de todas las ideas, incluidas las de los independentistas, en las instituciones.