Cataluña quiere contar con un registro civil basado en la información de los seguros
El modelo de censo nace con fallos, según expertos del sector
Los líderes independentistas catalanes están elaborando su propio registro civil, dentro de lo que han denominado la Administración Digital de la Nación, para la identificación de las personas, de las organizaciones y de las propiedades de quienes viven en Cataluña. Pero su modelo de censo nace con fallos considerables, según expertos del sector.
Una de las piezas relevantes para constituir esa base de información es el denominado Registro Central de Asegurados. En un documento encontrado en los registros de la Guardia Civil en las dependencias de la Generalitat, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se dice: “De acuerdo con los trabajos es necesario reforzar las iniciativas para transformar el Registro Central de Asegurados en el nuevo registro primario de personas físicas y poder disponer de una información catastral/registro de la propiedad que elimine la inseguridad jurídica actual y en formato de datos abiertos (trabajo de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) y de Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)”.
Según expertos de aseguradoras y fuentes de la Administración de Justicia, no existe como tal un Registro Central de Asegurados en donde figuren todos los titulares de seguros de todas las modalidades y compañías. Ni en el Estado ni en ninguna autonomía. Lo que más se parece a esa figura es el Registro de Seguros de Cobertura de Fallecimientos, que incluye a todas las personas que tienen un seguro de vida. Este fichero es complementario del Registro de actos de última voluntad. Ambos dependen del Ministerio de Justicia, dentro de la Dirección General de Registros y Notariado, aunque la Generalitat puede haber accedido a él.
Según expertos de las aseguradoras, en Cataluña podría haber algo más de dos millones de personas que cuentan con un seguro de vida, frente a 7,5 millones de habitantes.
Datos sobre pacientes
Una fuente incompleta de información
Todos los consultados coinciden en que los seguros no son una fuente completa de identificación de la población y apuntan que lo más preciso es el listado de las personas con tarjeta de la sanidad pública, que abarca a toda la población y con sus ficheros bajo control de la Generalitat, porque la competencia está transferida. Pese a ello, el Govern quiere basarse en los datos de los asegurados para construir uno de los pilares de las estructuras de Estado.
No obstante, las aseguradoras de salud envían a las comunidades autónomas datos sobre las enfermedades registradas por sus pacientes (tienen 11 millones de personas aseguradas en toda España) para completar la información del sistema público de salud y poder elaborar indicadores. El objetivo es estudiar y prevenir enfermedades.
De hecho, la figura del “Registro Central de Asegurados” consta en los documentos de la Generalitat incluidos en el Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña. Ahí se dice que es una fuente de datos para conocer la salud de la población. A partir de él han estado creando ese registro civil, según señala el informe al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La razón por la que están registrados los que tienen un seguro de vida es que, “en caso de herencia, se precisa saber los seguros de vida otorgados por el fallecido para que sus herederos los puedan cobrar e incluir en la partición de la herencia ante notario”, apuntan fuentes de Justicia.
Sin embargo, y aquí viene lo más complicado para la Generalitat, el Ministerio de Justicia asegura que “es un registro estatal, no de las comunidades autónomas, y solo relativo lógicamente a seguros de vida de personas físicas”. “Solo se puede acceder acreditando el fallecimiento, igual que en el de últimas voluntades”, afirman estas fuentes. En ese registro figura el nombre, DNI de los otorgantes y entidad aseguradora, “pero no los importes asegurados”.
No existen otros registros con las diferentes modalidades del seguro. Por ejemplo, no están registrados todos los que tienen asegurado su hogar, ni en archivos del sector asegurador ni de la Administración estatal o regional. Podría ser un asunto que afectara a la competencia del sector.
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