¿Hasta qué punto pueden las regiones poner impuestos y endeudarse?

Una de las variables más claras para saber el nivel de autonomía de las regiones es su capacidad para fijar impuestos de manera independiente al Estado, otro de los puntos de estudio del índice de autoridad regional (RAI en inglés). En el caso de España, este aspecto está marcado por las competencias especiales de País Vasco y Navarra.

¿Qué potestad tiene una región para gestionar impuestos propios o influir en los estatales?

Cataluña, otras comunidades autónomas españolas y Flandes están en el segundo grupo de mayor potestad, porque pueden fijar el tipo impositivo de grandes impuestos. Por encima en autonomía fiscal, el estudio sitúa las tres provincias vascas y la comunidad navarra, junto a los Estados de EE UU o las provincias canadienses, porque además de eso pueden fijar la base imponible de al menos un impuesto importante.

Cómo leer los gráficos. La infografía inferior clasifica las entidades territoriales en los niveles determinados por el estudio. En cuanto a los impuestos sobre el territorio propio, Cataluña aparece en dicho segundo grupo, en el que se incluyen 36 entidades y que conlleva cierta potestad. No es el conjunto más numeroso, pues el nivel que supone menor potestad sobre estos gravámenes incluye 82 entidades, entre las que se incluye Gales.

La singularidad vasca y navarra, con derechos forales, y el sistema de cupo, dibuja una asimetría en el sistema de control fiscal español. Estos territorios tienen una relación bilateral con el Estado que en el caso vasco se fija en la Comisión Mixta del Concierto Económico y en el navarro en la Comisión Coordinadora. Desde principios de los años ochenta, los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas pueden asistir junto al ministro del ramo al Consejo de Política Fiscal y Financiera. El consejo establece recomendaciones sobre política presupuestaria, endeudamiento o distribución de los recursos económicos.

En Alemania, los Ejecutivos de los länder eligen representantes en la Cámara Alta (el Bundesrat) que tienen cierta potestad para decidir la base y tipo impositivo de los impuestos y también cómo se distribuyen entre las regiones y a nivel federal. También se convocan reuniones entre las Administraciones de los länder y la federal. Los gráficos inferiores muestran dos facetas de la relación de los territorios con su estado: la multilateral (la que ejerce por ser una región más, al igual que otras) y la bilateral (la que ejerce en virtud de un reconocimiento especial de sus singularidades y a diferencia de otras regiones de su Estado)

¿Qué potestad tienen las regiones para pedir préstamos?

Al analizar hasta qué punto una región puede disponer de préstamos para conseguir dinero de los mercados se observan marcadas diferencias en el mundo. Hay territorios donde la legislación estatal directamente lo prohíbe. En otros (como Cataluña) se permiten, pero previa autorización estatal y con restricciones. Las provincias argentinas, sin embargo, pueden pedir préstamos sin autorización previa, aunque con algunas limitaciones. El nivel mayor de autonomía en este aspecto deja que el Gobierno regional pida préstamos sin esas restricciones, como ocurre con los länder, los Estados de EE UU o Quebec y el resto de provincias canadienses.

En relación con el Estado, la deuda pública en España es objeto de discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las comunidades tienen que remitir planes de saneamiento de cuentas a ese Consejo cuando incurren en déficit. Se fijan también objetivos de déficit para cada comunidad. La situación española es similar a la de Alemania y su Consejo de Estabilidad, creado en 2010, que supervisa presupuestos, incluidos los préstamos, de los gobiernos federales y estatales, y también negocia e implanta planes de austeridad.

En Bélgica existe un Consejo Superior de Finanzas en el que participan los miembros de las comunidades regionales y de las comunidades lingüísticas (excepto de la alemana), que establece recomendaciones no vinculantes. En cualquier caso, esas comunidades necesitan autorización previa del ministro federal de finanzas para pedir préstamos.

Cómo se hizo el estudio

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El análisis compara las legislaciones de los 185 territorios para crear un índice de autoridad regional (RAI en sus siglas inglesas) que analiza la potestad de la región sobre el territorio que ocupa y también su poder de influencia en el Estado por dos vías: la multilateral (la que ejerce por ser una región más, al igual que otras) y la bilateral (la que ejerce en virtud de un reconocimiento especial de sus singularidades y a diferencia de otras regiones de su Estado). Para este artículo se ha utilizado la evaluación de los marcos legales de las regiones más reciente del estudio, de 2010. El libro que recoge los resultados se publicó el año pasado.

El estudio analiza también España, donde estudia las provincias, las comunidades autónomas y, entre ellas, por sus particulares potestades en algunos aspectos, dedica epígrafes específicos a Cataluña, País Vasco, Navarra y Galicia. Andalucía no se distingue del conjunto de comunidades autónomas en la última ronda del estudio, aunque cuenta con algunas atribuciones que igualan las de otras comunidades históricas.

El análisis incluye en una única categoría todas las entidades que comparten un mismo nivel de competencias dentro de un país. Por ejemplo, los departamentos franceses o los länder alemanes se analizan en un grupo genérico (es decir, hay un enunciado general para "departamentos de Francia" y "länder alemanes", no uno específico para el departamento de Pirineos Orientales o para el Land de Baviera), pero sí merecen un enunciado específico, dentro de las provincias españolas, las tres vascas, que gozan de potestades particulares en algunas materias.

Para recopilar el enorme trabajo de datos, fruto del esfuerzo de seis investigadores a partir de fuentes directas e indirectas, se ha contado también con la colaboración de expertos en varios de los 81 país analizados.