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Interior recopila denuncias para extender la acusación de sedición a otros ‘mossos’

La labor del gabinete jurídico que Interior ha puesto en marcha tiene que ver con la actuación de la policía autonómica de Cataluña con motivo del 1-O

Desalojo de un instituto en Tarragona el 1 de octubre. Ampliar foto
Desalojo de un instituto en Tarragona el 1 de octubre.

Buena parte de las denuncias que el gabinete jurídico que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha a petición de los agentes desplazados a Cataluña tiene que ver con la actuación de los Mossos d’Esquadra antes, durante y después del 1 de octubre. Y todas ellas —cerca de 120 recibidas solo en dos días de funcionamiento— están siendo trasladadas a la Fiscalía General del Estado para su posible incorporación a la causa por sedición contra el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero y otros mandos de los Mossos.

Algunas de esas primeras denuncias ya han llegado a la Audiencia Nacional incorporadas al informe de cerca de 400 páginas que la Guardia Civil entregó el viernes a la titular del Juzgado Central de Instrucción 3, Carmen Lamela. Según fuentes conocedoras del contenido del mismo, el documento policial no limita la actuación presuntamente delictiva a Trapero y a la intendente jefe de los Mossos, Teresa Laplana, también imputada, sino que en el mismo figuran más nombres de altos mandos de la policía catalana. Todo ello está acompañado de abundante material audiovisual para que se utilice como prueba.

A la vista de su contenido, la Fiscalía Anticorrupción ya pidió el viernes pasado, durante la declaración del jefe de los Mossos d’Esquadra, que la causa no se quede en los sucesos del 20 de septiembre ocurridos en la sede del Departamento de Economía de la Generalitat durante la Operación Anubis, sino que se extienda a lo acaecido hasta el 1 de octubre, jornada del referéndum ilegal.

Un gabinete creado a petición sindical

La creación de un gabinete jurídico dedicado en exclusiva a recoger denuncias de los sucesos de Cataluña y canalizarlas hacia los tribunales fue anunciada por Zoido a los representantes de los cinco sindicatos policiales y seis asociaciones de la Guardia Civil el pasado miércoles en una reunión mantenida en la sede de Interior. Un día antes, las 11 organizaciones habían lanzado duras acusaciones contra el ministro y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a los que exigía su dimisión si no les daban la protección legal que pedían. Zoido calmó los ánimos con la puesta en marcha de dicho equipo de juristas.

En el encuentro, pidió que los sindicatos y asociaciones canalizaran hacia ellas las denuncias de sus afiliados. Hasta ahora, sin embargo, solo una mínima parte de ellas proceden de estas organizaciones.

En aquella fecha, los guardias civiles que acudieron a la consejería quedaron rodeados y aislados en el edificio por los miembros de una manifestación que se congregó ante el edificio. El instituto acusó a los Mossos de no haberles socorrido para facilitar su salida, pese a que lo solicitaron. Permanecieron 19 horas en el interior.

Hasta el momento, el gabinete jurídico creado ad hoc por Interior ha recogido denuncias de tres tipos contra los Mossos. Por un lado, las relacionadas con la supuesta participación activa de la policía autonómica en actos relacionados con la consulta ilegal. En segundo, sobre su pasividad durante la jornada electoral para impedir esta. Y, finalmente, por sus enfrentamientos verbales con los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que entraron en los colegios electorales para retirar las urnas de la consulta ilegal.

Desde el ministerio insisten en que todas ellas son presentadas a la Fiscalía, que es la que finalmente decidirá si se acumulan a la causa por sedición abierta en la Audiencia Nacional o se presentan en otros juzgados de modo independiente. No obstante, esas mismas fuentes no descartan que el sumario que instruye la juez Lamela acabe derivando en una macrocausa con multitud de imputados.

Entre las más de 120 denuncias tramitadas en estos dos primeros días también las hay que persiguen otro tipo de hechos acaecidos en los últimos días en Cataluña. Así, desde el Ministerio se van a presentar denuncias contra aquellos centros escolares que supuestamente segregaron a los hijos de policías y guardias civiles. También se actuará contra aquellos consistorios o cargos municipales que presuntamente presionaron a hoteleros locales para que no alojaran a los integrantes del amplio dispositivo policial desplegado en la Operación Copérnico contra el desafío soberanista. Y, finalmente, contra aquellas personas a las que se pueda identificar como presuntos participantes en acciones concretas de acoso contra miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta campaña ha obligado a Interior en los últimos días a buscar alojamientos para los agentes en provincias limítrofes a Cataluña.