El Constitucional suspende el pleno del Parlament del lunes para evitar la declaración de independencia

El Tribunal Constitucional suspendió este jueves de manera fulminante el pleno del Parlamento de Cataluña que el próximo lunes 9 prevé proclamar la independencia de esa comunidad autónoma sobre la base de los supuestos resultados del referéndum de autodeterminación ilegal del pasado 1 de octubre. El alto tribunal admitió de forma cautelar un recurso de amparo presentado en la misma mañana por diputados del PSC, que consideraban que la convocatoria de ese pleno atenta contra sus derechos como parlamentarios. El Constitucional advirtió a la presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, y a la Mesa de que pueden incurrir en responsabilidades penales si se celebra el pleno de la secesión.

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El pasado miércoles, la Mesa del Parlament, admitió a trámite una petición verbal formulada en la junta de portavoces por Junts pel Sí y la CUP para que, el próximo lunes, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparezca en el pleno para “valorar los resultados del referéndum del día 1 de octubre y sus efectos”. Esta petición, que supone dar pie a que Puigdemont proclame la independencia de Cataluña, se realizó al amparo del artículo 4 de la Ley del Referéndum de Autodeterminación, aprobada el 6 de septiembre y suspendida inmediatamente por el Constitucional tras un recurso del Gobierno central.

La declaración formal de la independencia supone, además, la entrada en vigor de la segunda pata legal de la ruptura de Cataluña con el resto de España: la ley de transitoriedad jurídica, la “norma suprema” llamada a dejar sin vigencia a la Constitución en esa comunidad.

Tanto el secretario general del Parlament, Xavier Muro, como el letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona, advirtieron por escrito a la Mesa de que el acuerdo de celebrar el pleno secesionista del día 9 es ilegal pues implica la aplicación de normas suspendidas por el Constitucional. Sin embargo, el órgano presidido por Carme Forcadell dio luz verde a la petición de los partidos independentistas, que copan 72 de los 125 escaños del Parlament. Pese a las protestas de los socialistas, la junta de portavoces, reunida de nuevo, fijó la celebración del pleno ordinario para el lunes a las 10 de la mañana.

El partido liderado por Miquel Iceta presentó por la mañana una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional. En su recurso exponía que el acuerdo de celebración del pleno vulnera su derecho de los diputados de ejercer el cargo sin “perturbaciones ilegítimas”. También solicitaban, como medida cautelar, la suspensión del acuerdo de la Mesa, y, por lo tanto, del Pleno de secesión del próximo lunes.

El Constitucional actuó de inmediato. Aunque la demanda de amparo había recaído en la Sala Segunda del Tribunal, el presidente del órgano, Juan José González Rivas, propuso que el asunto fuera llevado al pleno. Los 12 magistrados del Constitucional tardaron apenas unas horas en aceptar la petición de amparo del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlament. Y, como ha sucedido hasta ahora en todas las resoluciones derivadas del desafío independentista catalán, lo hicieron por unanimidad.

El alto tribunal suspendió el pleno del lunes por su “especial trascendencia constitucional” y porque el recurso planteado por el PSC es de “relevante y general repercusión social y económica”. El Constitucional, con esta resolución cautelar, declara “radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno” cualquier acto, acuerdo o vía de hecho que incumpla la suspensión de esa sesión del Parlamento catalán.

El Constitucional afirma que en este caso concurre la “urgencia excepcional” a la que se refiere el artículo 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y que invocaban los parlamentarios socialistas, ya que la celebración del pleno del Parlament “produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que haría perder su finalidad al recurso de amparo”.

Una vez más, el tribunal notifica su resolución a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de la Cámara y les vuelve a advertir de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión” acordada este jueves. Además, les advierte de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal” en que pueden incurrir si, como han hecho hasta ahora con otras de sus resoluciones, ignoran esta suspensión.

“Suspender plenos que no están ni convocados es la nueva oferta de diálogo”, se quejó Forcadell en su cuenta de Twitter. Un argumento que también compartió el portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull. El también diputado ironizó en la misma red social con el hecho de que la sesión de la Cámara no está convocada formalmente. “Al menos un servidor no ha recibido la convocatoria. Qué eficacia”.

Fuentes del Parlament explicaron que Forcadell no ha firmado aún el decreto de convocatoria del pleno, algo que suele hacer los viernes previos a la sesión. Después de este trámite, los diputados reciben una notificación por correo electrónico, y es ahí donde se dan por convocados. A pesar de ello, las mismas fuentes defienden que la intención de la presidenta de la Cámara catalana es “preservar y garantizar la libertad de expresión y el derecho de iniciativa legislativa”.

Ataques al PSC

“Su respuesta sigue siendo la amenaza y la suspensión, pero no pueden coartar la democracia y la libertad”, denunció Esquerra Republicana en una campaña en las redes sociales. El alcalde de Tortosa y diputado del PDeCAT, Ferran Bel, manifestó: “Otro servicio al país de los socialistas catalanes, intentar evitar la comparecencia del presidente Puigdemont en el Parlament. ¡Cada día se superan!”.

La CUP no hizo ninguna declaración oficial, pero varios de sus diputados insistieron a título personal en que la decisión del Constitucional no cambia los planes. “¡Seguiremos!”, aseguró la diputada anticapitalista Mireia Boya. El líder de Podem, Albano Dante Fachín, dijo que ni la Guardia Civil ni el Constitucional puede sacar a los diputados del Parlament. “Nos puso en él la gente. Solo nos puede sacar la gente”. Joan Giner, también representante de Podem Cataluña, aseguró que el lunes irá al Parlament “por indignación, por derecho y por orgullo”.

Ciudadanos, por su parte, afirmó que no irá a la sesión. “Nosotros sí respetamos y cumplimos con las resoluciones del Tribunal Constitucional y con las leyes, que es lo que hacen los demócratas, y no participaremos en las ilegalidades de Puigdemont, Junqueras y Forcadell”, manifestó su portavoz Fernando de Páramo.