La fiscalía pide dos años de cárcel para el expresidente de Murcia por fraude

Pedro Antonio Sánchez está acusado de concertar el uso de dinero público para mejorar su imagen personal

Pedro Antonio Sánchez, en febrero de 2017.
Pedro Antonio Sánchez, en febrero de 2017.Marcial Guillén (EFE)

La fiscalía ha solicitado una pena de dos años de prisión por fraude para el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del PP, por supuestamente concertar en 2014 el uso de dinero público para mejorar su imagen personal en Internet con las empresas del empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales encausados en el caso Púnica de corrupción. Sánchez, que dimitió en abril como presidente regional, renunció el pasado miércoles al cargo de presidente del PP murciano y al escaño en el parlamento autonómico.

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El escrito de la fiscalía recuerda que en mayo de 2014, Sánchez, desde su puesto de consejero de Educación, se postulaba para sustituir a Alberto Garre como presidente regional. Sin embargo, su imagen en los medios de comunicación se encontraba “estigmatizada” por la publicación de noticias negativas, especialmente su imputación por delitos de corrupción urbanística del caso Auditorio de Puerto Lumbreras, la localidad de la que era alcalde.

Pedro Antonio Sánchez, según la Fiscalía, conocía que las empresas de De Pedro y José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena, realizaban trabajos de limpieza de la imagen en Internet de la regidora de esa localidad, Pilar Barreiro. Sánchez pidió a esta que mediara con Conesa para hacer lo mismo con su reputación on line. Sánchez supuestamente convino con Barreiro, que también está imputada por delitos similares, en que este plan de mejora de la imagen política personal se pagara con fondos de la Consejería de Educación mediante “un contrato de cobertura con objeto simulado”.

El contrato iba a incluir también la contratación de un periodista para impulsar noticias positivas sobre Sánchez en un medio digital gestionado por De Pedro en Murcia. Sin embargo, el contrato y el pago de los fondos públicos no se llegó a producir porque el estallido de la Operación Púnica lo impidió.

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