Interior confió en los Mossos hasta el último momento y no diseñó un plan b
Expertos de la UCO lograron bloquear el censo telemático en media hora
Las cargas policiales en el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña han evidenciado la falta de planes concretos del Gobierno para hacer frente a un gran desafío de la democracia. “Confiaron en los Mossos”, dicen varias fuentes, y no se diseñó un plan b, según varios mandos implicados. Errores de cálculo e improvisación cuestionan el trabajo de los servicios de inteligencia. Estas fuentes añadieron que faltó coordinación entre cuerpos policiales, se metió en barcos a miles de agentes como medida de urgencia y no se intervinieron las urnas utilizadas el domingo.
“Todo el plan consistía en sacar el material previsto para la consulta de los colegios y evitar la votación, tal y como habían ordenado los jueces”, aseguran fuentes policiales cercanas a los responsables de los dispositivos montados para impedir el referéndum ilegal en Cataluña. Una estrategia que otros mandos policiales traducen como que “el secreto del plan es que no había plan y, peor aún, sigue sin haberlo”.
“Nos dieron un listado de más de 20 colegios para entrar y cuando llegamos al quinto vimos que era imposible ejecutar las órdenes, la misión era ingente”, comenta un antidisturbios implicado en los dispositivos.
El viernes pasado, el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, distribuía las funciones a los cuerpos policiales implicados, Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional con el fin de impedir el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Horas después, el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, advertía de que ellos no usarían la fuerza si había resistencia pasiva de la ciudadanía.
El plan, aunque simple, estaba decidido. Y el auto de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercedes Armas, permitía intervenir a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para impedir la apertura de los centros de votación o cerrarlos —en su caso— el mismo domingo.
Faltaba por determinar el momento de ejecutarlo. Según fuentes cercanas a la coordinación del dispositivo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, “era partidario de entrar el mismo viernes, a la salida del colegio, pero le convencieron de que no, de que era mejor hacerlo [aunque hubiera gente dentro] de las 3.00 a las 4.00 de la madrugada del domingo”. Así se acordó, hasta que el sábado, cuando ya se percibían movimientos en los barcos donde se alojaban los 7.000 policías en el puerto de Barcelona, hubo una contraorden y optaron por no hacerlo hasta que los Mossos les reclamasen ayuda.
Fuentes policiales que participaron en las reuniones del operativo apuntan a Pérez de los Cobos como “responsable último de todas las decisiones y cambios de opinión de última hora”, y aseguran que “fue un error darle la responsabilidad a un burócrata, que lleva 11 años pisando las alfombras del ministerio”. Interior ayer se limitó a decir que cumplieron las ordenes judiciales.
Los expertos consultados por este periódico consideran que desalojar un lugar con cientos de personas a las puertas es más complicado que impedir su entrada. Pero había un inconveniente, los centros de votación eran 2.315, inabarcables con la fuerza disponible. Decidieron que intervendrían 500 y tampoco llegaron.
“Nadie sabía lo que íbamos a hacer, no había un plan definido, confiaron en que los Mossos d’Esquadra cumplirían con su obligación y no fue así”, dice un mando del Cuerpo Nacional de Policía conocedor de la situación. “La realidad es que ni siquiera sabían dónde iban a alojar a la gente, meterlos en grandes barcos fue también una improvisación”, señala.
Improvisación
Tras meses de elaboración silenciosa de un gran programa para desplazar progresivamente a miles de efectivos a Cataluña, la improvisación determinó la intervención más crítica de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en décadas de democracia.
“El objetivo era dejar en evidencia a los Mossos”, señala un mando de la Guardia Civil. Todo indica que en el dispositivo organizado desde la Secretaria de Estado de Seguridad hubo un fallo garrafal: supeditar las decisiones operativas a las intenciones o intereses políticos. “No se intervino antes, de madrugada por ejemplo, cuando habría habido mucha menos gente en los colegios, porque querían que se viese la pasividad de los Mossos”, aseguran fuentes de la Guardia Civil.
Así las cosas, se optó por dejar actuar a los Mossos, aún sabiendo que no lo harían y sin tener un plan b claro. A las 9.11, con un listado de colegios corregido enviado por los Mossos por segunda vez, los antidisturbios procedieron a entrar por la fuerza en los centros. Para entonces las cerca de 10.000 urnas encargadas por la Generalitat a una empresa china y nunca encontradas por los servicios de inteligencia,habían ido llegando desde casas de particulares, en bolsas de basura, en coches o protegidas por columnas humanas a unos centros de votación ya abarrotados de gente.
El ciberdesalojo por el instituto armado
La batalla del referéndum no se libró el pasado 1 de octubre solo a las puertas de los centros de votación. Desde antes de que se abrieran, los expertos en delitos telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil libraron una pugna en el ciberespacio para impedir que las mesas electorales contaran con un censo telemático universal que permitiera al Govern revestir de una falsa legalidad a la consulta. La imagen de los vocales de las mesas electorales anotando en folios los datos de votantes fue el reflejo de que en este caso la partida la ganó el instituto armado.
La batalla realmente se había iniciado el viernes, cuando los agentes de la UCO se hicieron con el control del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. Entonces, bloquearon 29 bases de datos susceptibles de ser usadas para dar apoyo a la consulta. Un duro golpe al Ejecutivo catalán que hizo que el propio Carles Puigdemont se implicara para intentar a toda costa recuperar el control del mismo. Sin éxito.
Tras esta victoria, los expertos informáticos de la Guardia Civil estaban seguros de que habría una reacción de la Generalitat. No se equivocaron. A las ocho de la mañana del propio 1 de octubre, el portavoz del Govern, Jordi Turull, anunció la puesta en marcha de la aplicación que debía dotar de un censo electoral telemático a las 2.315 mesas electorales. Media hora después, cuando la votación aún no se había iniciado, la UCO conseguía desactivarla, según destacan a EL PAÍS fuentes conocedoras de aquellas pesquisas. Estas también reconocen que la aplicación tenían graves errores de encriptación que la hacían muy vulnerable y que facilitó su trabajo, pero que también hizo que todos los datos censales que contenía estuvieran durante los minutos que estuvo en funcionamiento al alcance de cualquier hacker.
Los expertos informáticos que colaboraban con la Generalitat en la organización del referéndum intentaron levantar la aplicación cientos de veces durante la jornada. Según la Guardia Civil, nunca la consiguieron más allá de unos minutos. La UCO la volvía a tumbar una y otra vez, de tal manera que solo funcionaba a ratos y desde alguna tableta o teléfono móvil. En algunos colegios, los miembros de las mesas no pudieron utilizarla en toda la jornada
La Guardia Civil también tuvo que hacer frente el domingo a un blog a través del cual supuestamente se podía votar de manera telemática. Aunque la Generalitat negó cualquier relación con él, la UCO también lo desactivó. Además, detectó conexiones atípicas a un servidor alojado en una nube de Amazon realizadas a través de varios puertos abiertos en la página web de la Casa de les Punxes, un museo situado en la Diagonal barcelonesa. La página de éste espacio cultural aún seguía bloqueada ayer.
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