El PP y el PSOE ofrecen a los independentistas “diálogo dentro de la ley” a partir del día 2
Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno: "Hablaremos de la búsqueda de soluciones"
El objetivo era bloquear las condiciones materiales para que el próximo 1 de octubre no pueda celebrarse en Cataluña un referéndum sobre la independencia de esta comunidad autónoma. El Gobierno transmite de forma tajante que el aparato logístico del Govern ha sido desmantelado. Hasta que pase esa fecha, que es un símbolo para soberanistas y constitucionalistas, la tensión no desaparecerá, pero el Ejecutivo ya traza el plan de empezar a partir del 2 de octubre una nueva etapa basada en el diálogo entre todas las fuerzas políticas. La mejora del autogobierno y el debate para la reforma constitucional están en su horizonte.
El Gobierno, el PP y el PSOE están dispuestos a dialogar con los independentistas en cuanto estos renuncien al referéndum del 1 de octubre o pase esa fecha. El Ejecutivo y el PSOE consideran que la consulta soberanista ya no es posible materialmente, puesto que ha quedado "desarbolada" por las operaciones policiales, y eso ha marcado el inicio de una nueva fase. La propuesta del PSOE, ya registrada en el Congreso, de empezar a trabajar en cambios del modelo autonómico a través de una comisión puede ser el marco que sirva para ese diálogo, aunque en los primeros días se cuenta con la posible negativa a participar de Ciudadanos o ERC. No será fácil, pero después de haber llegado a la máxima tensión entre secesionistas y constitucionalistas se considera inevitable que comience a hablarse del Estado autonómico y de su evolución, según admiten fuentes gubernamentales.
El discurso de la firmeza democrática en defensa de la legalidad constitucional se mantendrá invariable hasta el próximo día 1 porque lo primero es parar el referéndum, afirman fuentes de La Moncloa. Junto al mismo empieza a reconocerse que puede haber diálogo, como demanda el PSOE. "El día 2 hablaremos y la dinámica nos llevará a buscar soluciones porque el proyecto de convivencia de los españoles tiene que continuar en España. Tendremos que sentarnos y hablar, y eso haremos". Esta ha sido la afirmación del ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en una entrevista en el programa Más de Uno de Onda Cero.
Aunque el ministro, como el resto del Gobierno, pone el énfasis en que el gabinete de Mariano Rajoy "siempre ha estado dispuesto a hablar pero era la otra parte la que solo quería hablar del referéndum", se reconoce que a partir del 1 de octubre sí se puede hablar de un mejor encaje de Cataluña en el resto de España.
"En cuanto abandonen los planes de independencia, podremos hablar", ha dicho Luis De Guindos, el ministro de Economía, en una entrevista en el Financial Times. "Cataluña ya tiene una gran autonomía, pero podríamos hablar de una reforma del sistema de financiación y de otras cuestiones", ha especificado. "En 2012 estábamos en mitad de una crisis económica", ha puntualizado sobre las reclamaciones que hizo entonces Artur Mas. "Ahora la situación ha cambiado, tenemos más margen fiscal, una recuperación [económica] y eso abre nuevas oportunidades para el debate".
Trabajo en el Congreso de los diputados
En ese contexto, la comisión sobre el modelo territorial que ha impulsado el PSOE en el Congreso se prefigura como uno de los posibles escenarios para las conversaciones. Como el PP ha apoyado la creación de este organismo, los dos principales partidos, insustituibles para afrontar una reforma de la Constitución, podrían encontrar en él un foro adecuado para buscar soluciones al encaje territorial de Cataluña en España.
"A partir del día 1 [de octubre], el diálogo dentro de la Constitución y de las leyes es posible", ha asegurado este jueves Martínez-Maillo, coordinador nacional del PP, en la Ser.
"Pedimos al señor Puigdemont que desconvoque el referéndum. Que lo desconvoque ya, cuanto antes mejor, para que pueda garantizar que se abre un espacio de diálogo político de manera inmediata", ha reclamado este jueves de forma contundente la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en un desayuno informativo en Madrid. La presidenta socialista ha dejado claro que el partido no se va a mover del lado de la ley y del apoyo al Estado ante la ilegalidad. "Pero al mismo tiempo", ha subrayado, "el presidente Rajoy sabe, y ayer mismo nuestro secretario general, Pedro Sánchez, volvió a repetírselo, que desde el PSOE pedimos que, además de la ley, se abra la vía de la política”.
La dirección socialista percibe un cambio de tono en el PP con el mensaje del diálogo tras las imágenes de tensión ayer en las calles de Cataluña, que todo el mundo ha visto "graves", y cree que a los populares les está costando no moverse antes del 1 de octubre, según fuentes de la dirección. La presión aumenta cada día y el PP, recuerdan, ya se movió al aceptar que se votara su propuesta de la comisión parlamentaria sobre el modelo territorial antes de esa fecha. Los socialistas creen por tanto que el Gobierno no debería esperar al día 2 y fuentes de la dirección consideran que Rajoy debe abrir el diálogo político con el Govern antes del día marcado para el referéndum ilegal, y al margen de la comisión parlamentaria que ellos mismos han propuesto.
"Nos están mirando internacionalmente, seamos capaces de estar a la altura", ha pedido la presidenta del PSOE a todas las fuerzas políticas. El principal partido de la oposición insiste en la vía del diálogo cuanto antes por su preocupación ante la tensión creciente. "Espero que se frene lo antes posible la espiral que nadie quiere que traiga consecuencias más graves", ha alertado Narbona.
En esa misma línea se ha expresado el exlíder de UDC Josep Antoni Duran, que ha propuesto como solución a la situación en Cataluña que el Govern de Carles Puigdemont desconvoque el referéndum del 1-O y que se "esfuerce" junto al Gobierno central para "reconducir la situación" hacia un pacto, para lo que propone crear una comisión de expertos en Las Cortes. En un artículo publicado en La Vanguardia, Duran ha pedido al Govern que renuncie al referéndum del 1-O para que el Gobierno pueda crear una comisión de expertos que "en tres meses elabore una propuesta política para ser debatida en las Cortes" y, en el caso que sea aprobada, "se someta antes de un año a un referéndum legal para incorporarla a la Constitución".
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