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El fiscal general advierte de que los ciudadanos pueden delinquir si forman las mesas del referéndum

José Manuel Maza ve una posible malversación en el acto de apertura de campaña de Tarragona

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en una imagen de archivo.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en una imagen de archivo. EFE

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha advertido este viernes de que los ciudadanos catalanes que acudan como presidentes de mesa o vocales al referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre puede incurrir en un delito: “Podríamos estar hablando ya de una cooperación esencial para la celebración de este acto ilegal que se pretende realizar”, ha manifestado Maza en una entrevista en la cadena Cope. El máximo responsable del ministerio público, de quien dependen jerárquicamente los 2.500 fiscales españoles, ha manifestado, no obstante, que actuarán en función de los acontecimientos. “Esperemos primero a que se produzca y veamos las circunstancias, pero ahí sí puedo adelantar que se estaría incurriendo probablemente en responsabilidad”, ha dicho Maza.

El fiscal general también se ha referido al acto de apertura de campaña celebrado el jueves en el Tarraco Arena, la antigua plaza de toros de Tarragona, y ha anticipado que se investigará. “Para mí, y de momento, si ha habido entrega de dinero, un alquiler, con un contrato de por medio utilizando fondos públicos podríamos estar ante un delito de malversación”.

En la entrevista, el fiscal ha subrayado que la preparación y celebración del referéndum, haciendo caso omiso a las resoluciones del Tribunal Constitucional, es ilegal. “Se está vendiendo en Cataluña desde hace mucho tiempo y concretamente ahora que estos hechos tienen cierta cobertura legal, y se apela desde los derechos humanos hasta la legislación internacional. Eso hay que decir claramente que es rotundamente falso”, ha remarcado Maza.

Según él, quienes dicen que la consulta del 1 de octubre goza de algún amparo legal están “engañando” a los ciudadanos. “Hay miles y miles de ciudadanos catalanes que están abducidos, si me permite la expresión porque les están convenciendo de que no se preocupen, de que esto goza de todas las bendiciones legales. No, no, no, no. Esto son delitos, esto es ilegal, y esto tienen que tenerlo bien claro los ciudadanos”, ha afirmado.

La Fiscalía ha dado instrucciones para que se cite como investigados a los más de 700 alcaldes catalanes que han dictado decretos de apoyo al referéndum y que han manifestado que cederán locales municipales el 1 de octubre, y que se les advierta de que serán detenidos si no comparecen. “Quiero dejar clara una cosa: se ha dicho que la Fiscalía está amenazando a los alcaldes. Ni muchísimo menos. Es de la ley de la que se extraen las consecuencias de quien comparece ante una citación de estas características puede ser conducido ante el tribunal o el fiscal”, ha explicado Maza.

“Yo no amenazo a nadie, simplemente les convoco y como buenos ciudadanos deberían comparecer. Y en segundo lugar no van a tener ningún privilegio, porque si a un ciudadano cualquiera se nos convoca de esta manera y no acudimos, se nos conduce también; y los alcaldes, que yo sepa, no tienen este tipo de privilegios”, ha dicho.

Maza cita a los alcaldes aforados independentistas ante el TSJC y el Supremo

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dictado sendos oficios en los que ordena al Fiscal Superior de Catalunya y al fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo realizar las primeras citaciones a los alcaldes que han anunciado que colaborarán con el referéndum del próximo 1 de octubre y que tienen condición de aforados. Cuatro de ellos son diputados autonómicos y otro es diputado en el Congreso.

Así, se citarán ante Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como investigados, asistidos de abogados, los primeros ediles de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona; La Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla; Valls (Tarragona), Albert Batet; Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras; y ante la Fiscalía del Supremo el alcalde de Tortosa (Tarragona), Ferrán Bel, que es diputado nacional. Todos ellos pertenecen al PDeCAT.