El Constitucional estudia la respuesta del Gobierno a la ley del referéndum

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El Tribunal Constitucional (TC) tiene en sus manos el grueso de la respuesta del Gobierno a la ley del referéndum aprobada ayer por el Parlamento de Cataluña. En primer lugar, ha rechazado de plano la recusación presentada por la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, contra los 12 magistrados que integran este órgano, a quienes considera "contaminados" para decidir sobre el proceso independentista. Ya ha comenzado a estudiar el incidente de ejecución presentado anoche por el Gobierno contra las decisiones de ayer del Parlament, al que se ha sumado ahora el recurso del Ejecutivo a la ley. De ser admitido a trámite, paralizaría de inmediato la consulta del 1 de octubre.

En cuando al no al intento de recusación de Forcadell, existen antecedentes de recusación total de todo el tribunal que fueron inadmitidas de plano y no paralizaron, por lo tanto, la acción de este órgano. La cuestión es resuelta por el propio tribunal recusado porque sus magistrados no tienen sustitutos y la ley no prevé la formación de ningún órgano especial integrado por personas ajenas a esta institución.

En su escrito, Forcadell no pedía que los magistrados se aparten por su falta de parcialidad en ninguna causa concreta, sino que solicitaba expresamente que no pudieran adoptar las medidas previstas en artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que fue reformado en 2015 para dotar a este órgano de instrumentos para poder hacer cumplir sus resoluciones.

Entre estos instrumentos se encuentra la posibilidad del TC de imponer multas por desobedece sus sentencias, deducir testimonio a la Fiscalía respecto de las personas que incumplan sus resoluciones para que se estudie si han cometido delito —como puede ser el de desobediencia, que se vería entonces en un juzgado ordinario— o incluso suspender cautelarmente en sus funciones a los responsables de dicho incumplimiento.

Incidente de ejecución

Una vez resuelto este asunto, el tribunal ha comenzado a estudiar el incidente de ejecución presentado por el Gobierno contra las decisiones del Parlament que permitieron ayer la votación y aprobación de la ley de referéndum. El pleno del TC ha modificado su orden del día para incluir el incidente de ejecución. En la impugnación, la Abogacía del Estado advierte de que los últimos acontecimientos en la cámara catalana suponen un incumplimiento de las resoluciones del propio tribunal y pide su anulación.

Además, solicita que el tribunal de garantías deduzca testimonio de Forcadell y del resto de miembros de la Mesa que votaron a favor de la tramitación de la ley de referéndum por las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse de su actuación.

Recurso de amparo del PSC

Fuentes del alto tribunal han informado que también ha llegado a este órgano un recurso de amparo presentado por diputados del PSC que consideran que a lo largo de la tramitación y debate de ayer en la cámara catalana se vulneraron sus derechos como parlamentarios.

Al margen de la vía judicial, el Gobierno ha anunciado sobre las dos de la tarde que ha recurrido al TC todas las resoluciones adoptadas por el Parlament y la Generalitat para celebrar el referéndum. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario y acompañado de todo el Gobierno, Rajoy ha explicado que el Ejecutivo pide al Constitucional la nulidad de todos estos actos y suspensión inmediata a la espera de sentencia.

Rajoy ha explicado en su comparecencia que el Ejecutivo también ha pedido que se notifique "personalmente" la suspensión de estas normas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a todo su gobierno y a los principales cargos e la Generalitat relacionados con estas decisiones.

También pide que se notifique la suspensión a todos los alcaldes de los municipios catalanes y se les advierta de "su deber de impedir o paralizar" cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum".