La fiscalía se prepara para actuar y apunta a la Mesa y a Puigdemont

La fiscalía se prepara ya para responder a dos decisiones inminentes: la aprobación de la ley catalana del referéndum y del decreto de convocatoria de la consulta independentista del próximo 1 de octubre. Hasta ahora, la institución había optado por la máxima prudencia ante el anuncio (verbal) del referéndum que hizo el president Carles Puigdemont. Esta semana, sin embargo, van a producirse ya “decisiones con trascendencia jurídica”, lo que con toda probabilidad llevará a la fiscalía a impulsar acciones —como ya ha hecho otras veces durante el proceso separatista— “contra personas concretas por acciones puntuales”, afirman fuentes del ministerio público. “No nos pronunciamos sobre propósitos, declaraciones o manifestaciones (...) Si, llegado el momento, los hechos aconsejan que la fiscalía actúe, pues con toda energía y en defensa de la legalidad”, había dicho públicamente el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Ese momento parece haber llegado ya. La Mesa del Parlamento catalán alterará previsiblemente el orden del día del pleno de mañana y admitirá a trámite el texto de la ley del referéndum, que será aprobada gracias a la mayoría independentista de Junts pel Sí (PDeCAT y ERC) y la CUP. Esa primera decisión, apuntan las mismas fuentes, puede ser ya objeto de la apertura de diligencias de investigación o, directamente, de una querella contra los miembros de la Mesa. Ha ocurrido antes. En octubre de 2016, la fiscalía se querelló contra la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, por permitir que se votaran las conclusiones de una comisión sobre el llamado “proceso constituyente” pese a que el Tribunal Constitucional le había advertido de que no lo hiciera. Apenas cuatro meses más tarde, volvió a querellarse contra Forcadell por los mismos delitos (desobediencia y prevaricación) por permitir una votación que pedía celebrar el referéndum. Esa segunda querella se dirigió también contra los otros miembros de la Mesa que avalaron la votación. Ambas están siendo investigadas por el Tribunal Superior de Cataluña.

Una vez que la ley sea aprobada por el Parlament, el Gobierno catalán firmará, en pleno, la convocatoria oficial del referéndum del 1 de octubre mediante un decreto. Esa firma coral la contempla la proposición de ley del referéndum. La fiscalía aún no ha adoptado una decisión al respecto. Distintas fuentes, sin embargo, consideran que podría actuarse únicamente contra el presidente de la Generalitat, como máximo responsable de la convocatoria. Y que el hecho de que los consejeros estampen también sus firmas no es suficiente motivo, por sí solo, para dirigir la acción penal contra ellos. Pero todos los escenarios están abiertos.

A la previsible respuesta penal se sumará la respuesta política. El Gobierno de Mariano Rajoy recurrirá el decreto de convocatoria de inmediato y el Tribunal Constitucional suspenderá el referéndum.