¿Qué fieles sufren más acoso en sus países: musulmanes, judíos o cristianos?

La ola de atentados yihadistas que ha castigado Europa los últimos años ha despertado el miedo de los ciudadanos y el fantasma de la xenofobia. Pasado el estupor general, el apoyo incondicional a las víctimas y la persecución y detención de los terroristas, en las conversaciones cotidianas se empieza a perder el decoro. Llegan entonces los análisis a vuelapluma y las comparaciones burdas sobre la supuesta tolerancia buenista del país propio frente al infierno fanático de los extraños.

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Como si sirviera de freno a esos prejuicios sumarísimos, un estudio en 200 países publicado este año ha medido, punto por punto, si los países ejercen restricciones sobre la práctica religiosa de todos o de algunos de sus habitantes. Lo que se estudia no es el sentimiento o la percepción de la islamofobia, antisemitismo o cristianofobia, sino la existencia real en cada Estado de leyes o acciones, sobre el papel o en las calles, que supongan una restricción o acoso a una religión o varias.

El estudio retrata la situación de 2015, poco después de que Europa se despertara conmocionada por el ataque a la revista Charlie Hebdo. En el conjunto del planeta, el análisis revelaba un cambio a peor con respecto a años anteriores. Tras una época de mejora creciente, el mundo se ha vuelto más intolerante ahora. Egipto, China, Irán y Rusia se llevan la palma en la persecución gubernamental. Siria, Nigeria, Irak e India ocupan los deshonrosos primeros puestos en acoso social a grupos religiosos. Los dos mapas interactivos que acompañan este texto permiten comprobar los niveles de restricción en todos los países estudiados.

El acoso a los cristianos se registra en 128 de 198 países, más países que cualquier otra fe, aunque el cristianismo es la religión más extendida (más de 2.300 millones de fieles, con comunidades que son mayoría en dos tercios de las naciones).

En cambio, si se pone el foco solo en los países donde una religión está presente, la foto cambia sustancialmente. El 99% de los judíos y de los hindúes viven en un país donde se registran leyes o actos de acoso. Eso sí, estas creencias, además de ser más minoritarias, se concentran en determinados países.

Por grandes zonas, las peores restricciones gubernamentales y sociales se detectaron en regiones de mayoría musulmana, como Oriente Próximo y Norte de África. Donde más empeoraron ambos tipos de acoso −el gubernamental y el social− con respecto a años anteriores fue en el África subsahariana. En esa región y en Europa, las hostilidades sociales hacia los musulmanes han subido en especial en los últimos años. En el continente europeo, musulmanes y judíos sufrieron algún tipo de acoso en siete de cada diez países.

Para elaborar los índices que miden el nivel de acoso, el centro de investigación rastreó informes específicos de Estados, organismos internacionales y ONG para encontrar respuesta a 20 cuestiones sobre las restricciones oficiales, como si la Constitución del país analizado reconoce o limita la libertad de religión, si se restringe de algún modo el proselitismo (desde la prédica a la presencia de misioneros extranjeros) o si las actuaciones gubernamentales muestran sesgos u hostilidad contra grupos religiosos concretos.

La existencia y extensión de los crímenes de odio, la presencia de guerras o de grupos terroristas de base religiosa, o si hay acoso a mujeres por su forma de vestir son algunas de las 17 variables que se verificaron para medir las presiones sociales contra la religión o una religión en concreto. Los resultados completos del estudio están disponibles aquí.

La situación en los 25 países más poblados

El eje vertical del gráfico muestra la hostilidad social, el horizontal la gubernamental y el tamaño de los círculos la población. La barra superior permite desplazarse por los años, pulsando aquí.

Se aprecia cómo, en 2015, Rusia y Egipto sufrieron mucho acoso tanto social como oficial. En Japón y Brasil, en cambio, ambas variables fueron “moderadas”. Irán y China aparecen como países donde los grupos religiosos acusaron una presión social “moderada”, pero “muy alta” gubernamental.