La Audiencia mantiene en prisión a Ignacio González porque “maneja” dinero y tenía planes de huir

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, permanecerá en prisión provisional comunicada y sin fianza, después de que la sala de guardia de la Audiencia Nacional rechazara ayer el recurso presentado por su abogado. Los magistrados entienden que persiste el riesgo de fuga, sobre todo, al detectarse que el investigado, que lleva cuatro meses en prisión por su implicación con el caso Lezo, maneja “una cantidad ingente de fondos de origen delictivo”.

El auto de la sección cuarta desestima todas las alegaciones y recuerda que ya fueron rechazadas en un auto del 21 de abril, sin que hayan cambiado las circunstancias de González desde entonces. Los magistrados rechazan la colocación de sistemas electrónicos para controlar el arresto domiciliario que pedía González: “La existencia de familiares del ahora recurrente [entre ellos, su hermano] asimismo implicados en aquella, facilitaría el riesgo de destrucción, ocultación o manipulación de las pruebas, que difícilmente se eludiría con las alternativas expuestas”.

También echan por tierra que sea pinchado su teléfono móvil para controlar las conversaciones: “Ninguna conversación mantendría al respecto que pudiese comprometer su situación personal, por lo que además de inexistente a los efectos que nos ocupa, la misma resultaría inútil y redundante”.

El letrado también alegó una supuesta enfermedad de González, pero los jueces le recuerdan que no la ha acreditado “en modo alguno”. Afirman que todo ello se debe al “propio deterioro físico y psíquico que cualquier ingreso en un centro penitenciario puede conllevar”. Ello no supone una vulneración de los derechos de salud y a la integridad moral, según los jueces.

Los magistrados son especialmente duros con su puesta en libertad al recordar que la investigación se centra en “una pluralidad de conductas delictivas graves y reiteradas”. Entre ellas, cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública y organización criminal.

“Todas ellas llevadas a cabo para la adjudicación del tren de Navalcarnero, de la expansión del Canal de Isabel II por Suramérica, la adjudicación de la mercantil Gold Canal y en la financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid”. “Es de presumir que a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de huida. Además, el fortísimo arraigo familiar y social en nada obstan para apreciar el riesgo de fuga”, añaden los jueces.

La prisión provisional no es un castigo

Añaden que medidas como la prisión provisional no han sido concebidas como un mero castigo o cumplimiento anticipado de la pena que finalmente pueda imponerse a González una vez concluya el procedimiento. Además, las medidas alternativas que solicitó su defensa, en concreto el arresto domiciliario, 'en ningún caso suplirían adecuadamente los fines constitucionalmente perseguidos por la prisión provisional', dada la naturaleza de los hechos investigados.

En cuanto a la imposibilidad de destrucción de pruebas, la Sala señala que este riesgo "ni mucho menos ha concluido" y que de hecho se han intervenido documentos que aún están siendo objeto de análisis sin que quepa descartar que puedan surgir nuevos elementos a analizar por el instructor.