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España formará en Cartagena a decenas de guardias libios

La actuación de la Guardia Costera ha sido denunciada por las ONG que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo

Una patrullera de la guardia costera libia en el Mediterráneo.
Una patrullera de la guardia costera libia en el Mediterráneo. REUTERS

España instruirá en la base naval de Cartagena (Murcia) a varias decenas, hasta un centenar, de miembros de la Guardia Costera libia, cuya actuación agresiva ha sido denunciada por las ONG que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo. El plan forma parte de la Operación Sophia de la UE para intentar frenar el tráfico irregular de personas desde Libia a Italia. El objetivo de la UE es reclutar, formar y equipar a unos 500 miembros de la Guardia Costera de Trípoli.

Está previsto que el periodo de instrucción en Cartagena se prolongue varias semanas y que se les capacite para el control de sus aguas territoriales, incluyendo técnicas de rescate, interceptación y abordaje de embarcaciones. El plan lleva ya retraso, pues el Gobierno de Fayez al-Serraj, el único reconocido por la comunidad internacional, debe facilitar la lista de aspirantes, a quienes se someterá a un examen de seguridad antes de su admisión para evitar la infiltración de yihadistas.

El programa de formación de la Guardia Costera libia se inició en octubre pasado. El primer contingente de 93 libios pasó 14 semanas a bordo del buque italiano San Giorgio y del holandés Rotterdan. Otros 20 oficiales han recibido un curso de dos semanas en Creta (Grecia), 20 en Malta y tres en Roma. España e Italia instruirán a 290 más. Italia se ha comprometido a devolver a Libia, ya remozadas, diez patrulleras que pertenecieron al régimen de Gadafi y desde 2011 estaban en su poder. La UE financia todo el programa con 46 millones de euros.

Aunque los Gobiernos europeos, y especialmente el italiano, aplauden el despliegue de la Guardia Costera libia, las organizaciones humanitarias advierten del riesgo que supone su conducta para la vida de los inmigrantes. El 8 de agosto, un buque de la ONG española Proactiva Open Arms recibió dos ráfagas de advertencia de una patrullera libia. Una semana después, el mismo buque fue obligado bajo amenazas a navegar hacia Trípoli y solo fue liberado 1 hora y 44 minutos después. El primer incidente se produjo a 13 millas de la costa y el segundo a 27; es decir, fuera de sus aguas territoriales, en un caso; e incluso de las jurisdiccionales, en el otro.

La intención declarada de la Guardia Costera libia es que los buques humanitarios, a los que acusan de connivencia con los contrabandistas de inmigrantes, se alejen de la zona. A finales de mayo, la ONG alemana Jugend Rettet denunció que lanchas rápidas libias habían disparado contra dos barcos cargados de inmigrantes causando el pánico. Muchos de ellos saltaron al agua. Más de 30 se ahogaron.

Las acusaciones no proceden solo de las ONG. El panel de expertos sobre Libia de la ONU hizo público en junio un informe en el que concluía: “Abusos contra los migrantes han sido ampliamente recogidos, incluidas ejecuciones, torturas o privación de comida, agua y medicionas. [...] Traficantes, así como el Departamento contra la Inmigración Ilegal [libio] y la Guardia Costera están directamente implicados en estas graves violaciones de los derechos humanos”.

España tomará a partir de septiembre, a bordo del Cantabria, el mando embarcado de la Operación Sophia. Pero los buques europeos seguirán sin entrar en aguas territoriales libias.