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Lecciones políticas del 11-M

La gestión de la comunicación de los atentados y las crisis ha cambiado radicalmente. Los partidos evitan el uso político del terrorismo

Estado en que quedó uno de los vagones de la estación de Atocha tras las explosiones del 11-M.
Estado en que quedó uno de los vagones de la estación de Atocha tras las explosiones del 11-M. EFE

Ahora ya no hay ningún partido que ponga en cuestión la versión oficial, ni tampoco un Gobierno que ofrezca una explicación plagada de intencionalidad, dudas y puntos oscuros. Entre los atentados del 11-M y los recientes de Barcelona y Cambrils se ha avanzado en la mejora de la gestión política del terrorismo, se ha aprendido en la comunicación de las situaciones de crisis y, sobre todo, los partidos han constatado que quien intenta utilizar en su propio interés una catástrofe termina pagándolo.

Obviamente influyó entonces el contexto de la campaña electoral en marcha —las generales del 14 de marzo de 2004— y la herida que estaba aún abierta de la controversia y la dura contestación social sobre la participación de España en la guerra de Irak.

Todo empezó porque el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, evitó en 2004 la imagen de unidad con el resto de partidos, especialmente con el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, con algunas resistencias, Mariano Rajoy se ha reunido con Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, a pesar del evidente enfrentamiento político e institucional entre ambos. Los gestores públicos han aprendido del 11-M que es mejor la corresponsabilidad en caso de catástrofe. Por ejemplo, el Gobierno llamó ayer a los partidos para comunicarles el mantenimiento del nivel de alerta.

Ha funcionado el llamado pacto antiyihadista, firmado en febrero de 2015 a instancias de Pedro Sánchez pese al riesgo político que tenía entonces para el líder socialista. Ha funcionado el protocolo de intercambio de información y el lunes se reunirá el pacto con presencia de todos los partidos —incluidos Podemos, que no ha firmado el acuerdo, y el PNV, que hasta ahora no había acudido a las reuniones—. Ningún partido pone en duda ahora la versión oficial y todos han evitado sacar conclusiones políticas, al menos de forma pública, aplazando la valoración de las consecuencias en el proceso independentista. La agenda política, centrada en ese proceso soberanista, se ha aparcado pero, por el momento, no se ha mezclado como polémica política pública con el atentado.

Ninguno de los partidos usa políticamente ahora el atentado. El Gobierno de entonces intentó utilizar la tragedia y la oposición combatió su versión interesada. “Tengo la convicción moral de que fue ETA. Hay algunos datos que, en mi fuero interno, me hacen pensar que se trata de ETA”, dijo Mariano Rajoy, candidato del PP, dos días después de los atentados del 11-M. “España se merece un Gobierno que no mienta”, afirmó el entonces portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, rompiendo la jornada de reflexión.

Portavoz único

Los expertos en comunicación política sostienen que los acontecimientos dramáticos influyen en los Gobiernos en función de cómo se gestionen; y el 11-M fue el paradigma del que sacar algunas lecciones ahora asumidas.

Así, en ese manual se incluyen principios básicos como informar rápidamente, no minimizar los hechos, admitir errores y, sobre todo, dejarlo todo en manos de un portavoz único, a ser posible un técnico, que informe de hechos, no de suposiciones.

Ejemplos de casos en los que se ha minimizado un hecho y eso ha terminado volviéndose en contra son los “hilillos de plastilina” a los que aludió Rajoy para dar cuenta en 2002 de la crisis del petrolero Prestige o el histórico del “bichito” de la colza del ministro Jesús Sancho Rof en 1981.

En 2004, tras los atentados yihadistas en Madrid, el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, dio seis ruedas de prensa en cuatro días, pero sin ceñirse a los hechos, sino con valoraciones políticas, deducciones y suposiciones. Ahora la Generalitat ha dejado la información pública en manos del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, que en sus comparecencias ha aportado datos, ha evitado suposiciones, solo ha informado hasta donde podía y ha admitido errores como consecuencia de relatar hechos casi en tiempo real. Sus comparecencias evitan la controversia política, según la lección del 11-M, y diferencian entre los hechos y las valoraciones, que quedan en manos de políticos. El ejemplo contrario es el de Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, al ir ayer más lejos que los técnicos dando por desarticulado el comando terrorista.

La idea de dejar en manos de técnicos la comunicación ya se aplicó en crisis sanitarias, por ejemplo, con el doctor Juan José Badiola durante la crisis de las vacas locas en 2003 y con Fernando Simón en la crisis del ébola en 2014. Fuera de España fue un ejemplo el fiscal de Marsella, Brice Robin, con sus comparecencias sobre el accidente de aviación de Germanwings.

Autoría clara

Obviamente hay una diferencia entre los atentados de 2004 en Madrid y los de este jueves en Cataluña: en el 11-M hubo dudas iniciales en la autoría, mientras que ahora los precedentes en otros países de Europa dejan clara la intencionalidad y hasta la forma de actuar de los terroristas. También hay diferencias provocadas por la existencia ahora de las redes sociales, que pueden ayudar a propagar bulos, mientras que entonces la comunicación paralela se hizo con mensajes del “pásalo”.

Con aquella experiencia, en cualquier caso, los Mossos han adaptado su gestión con el uso de su perfil en Twitter, en tres idiomas (catalán, español e inglés) y saliendo al paso de esos rumores. Ayer, por ejemplo, la cuenta @mossos tuiteó: “Ni buscábamos ni hemos encontrado ningún niño desaparecido en el atentado de Barcelona. Víctimas y heridos están localizados”. Y el mismo día de los atentados: “NO tenemos ningún incidente abierto en Reus relacionado con acción terrorista. Pedimos una vez más que NO se difundan falsos rumores”.

En 2004, además del dolor por las víctimas, hubo otro dolor político y una brecha social no superadas durante toda una legislatura. Terminó en gran medida cuando en 2008 el PP de Rajoy rompió en el congreso del partido en Valencia con las teorías de la conspiración y con el aznarismo.