La increíble historia de la inquilina morosa a la que hubo que pagarle hasta la luz y el agua

Cuenta Ramón Sebastián (76 años) que cuando logró echar a su inquilina, 20 años menor que él, descansó por fin. Dejaba atrás seis años de impotencias, de subirse por las paredes...  Solo le pagó el alquiler durante los primeros meses. Y eso que en las negociaciones previas ella misma puso el precio, 1.000 euros al mes. Y a Ramón le pareció bien. Pero cuando tras dos juicios y seis años de por medio le entregó las llaves, un día antes de que la echase la Guardia Civil por la fuerza, su inquilina Josefa Rodríguez se fue dejándole, además, una deuda de 90.000 euros en alquileres impagados, y otros 12.000 más que se gastó Ramón en minutas de su abogada para los juicios, Rosario Hurtado.

La historia de Ramón es la de un suplicio para recuperar su casa (un chalé de 500 metros cuadrados en el municipio madrileño de Navas del Rey) que incluso ha llevado al Consejo del Poder Judicial a analizar el caso e intervenir. Emitió un informe dándole la razón a Ramón y censurando a los jueces que han tramitado este proceso. "La Administración de Justicia ha fallado por dilaciones indebidas" a la hora de sacar de la casa a Josefa y a sus tres hijos, todos mayores de edad, y entregársela a su legítimo dueño, sostiene el Poder Judicial.

Ramón Sebastián afrontó un suplicio para poder recuperar su casa, un chalé de 500 metros cuadrados en el municipio madrileño de Navas del Rey

A Josefa, Ramón tuvo que pagarle hasta la luz y el agua, pese a que no cobraba el alquiler. Decía que no tenía dinero para pagar y que de allí no se iba, que le denunciara, recordándole además que la luz y el agua corrían por su cuenta. Es decir, no cobraba, pero tenía que pagarle los recibos. Algunos llegaron bien nutridos en consumo de kilovatios. Ramón denunció en 2008, pero nunca imaginó que tardaría 2.190 días en echarla de su chalé.

"Todo eran estratagemas para no irse", recuerda Ramón. Josefa logró dilatar el proceso seis años con distintos abogados de oficio. La abogada de Ramón señala que, en los juicios, ella se le acercaba y le decía: "Ayyy, si yo pudiera pagar... Pero no tengo, hija mía.  Y no se iba". "Todo era falsedad, una estrategia estudiada para dilatar los procesos", agrega Hurtado. Y es que Josefa no escatimó en recursos judiciales: agotó todos los inimaginables antes de que finalmente la justicia la obligase a entregar las llaves.

"Todo eran estratagemas para no irse", recuerda Ramón. La inquilina  logró dilatar el proceso seis años con distintos abogados de oficio

La casa de marras se la donó a Ramón su hermano. En 2008, antes de la crisis, decidió venderla. Josefa respondió a su anuncio. "Al principio todo eran buenas maneras", señala Ramón. "Yo pedía por la casa 285.000 euros. Ella fue a verla y aceptó comprarla. Aunque días después, empezó a hablarme de un local que quería vender en Meco y que tenía alquilado a unos chinos, y me pidió que les dejase entrar a la casa, antes incluso de la firma, para que sus hijos fuesen pintándola y acomodándola. Acepté, y aquello fue mi perdición... Una vez dentro, me propuso hacer un contrato de alquiler con opción a compra. Es decir, me dijo que me pagaría 1.000 euros al mes y que en tres meses, cuando vendiese el local, formalizaríamos la compraventa, descontando del precio los alquileres adelantados. Creía que ella iba de buena fe y le dije: no te preocupes, te doy ocho meses, no quiero que malvendas el local por la rapidez".

Aún se ofusca Ramón cuando recuerda el calvario vivido, que empezó en 2008 y acabó en 2013. El asunto volvió a revivirlo recientemente. El Ministerio de Justicia le ha negado los 100.000 euros de indemnización que pedía por la desidia judicial en la tramitación de este proceso, pese al informe favorable a Ramón del Poder Judicial, que critica la dilación de los jueces. Justicia y el Consejo de Estado le deniegan el derecho a una indemnización por entender que lo sucedido no es "indemnizable".

"¿No es indemnizable que yo no pudiese vender mi chalé en aquella época, antes de las crisis, cuando valía 285.000 euros (ahora cuesta unos 176.000), y que haya estado seis años sin pagarme el alquiler y en cambio teniendo yo que pagarle a ella la luz y el agua?", se enfada Ramón. Y añade: "Es muy injusto todo lo que ha pasado; la sociedad tiene que ser consciente de que también sufre el dueño de la vivienda, y no solo fijarse en quien dice ser la víctima alegando que no tiene para pagar. Viendo cómo se han movido y todo lo que ha sucedido, pienso que esta gente se conocía muy bien la ley y que montaron toda esa estrategia para no pagar". 

El Ministerio de Justicia ha negado al dueño de la casa los 100.000 euros de indemnización que pedía por la desidia judicial en la tramitación de este proceso, pese a que el Poder Judicial le da la razón

Lo sucedido es que el 17 de junio de 2008, tras varios meses de morosidad y olvidarse Josefa de la opción de compra pactada, Ramón decidió acudir a la justicia. Y ahí empezó su nueva pesadilla. La demanda la interpuso en los juzgados de Plaza de Castilla, pero estos se inhibieron en favor de los de Navalcarnero, de los que depende el municipio de Navas del Rey. Cuatro meses después, Ramón acudió a los juzgados de Nalvalcarnero y le dijeron que "allí no había llegado nada".  Se dio por perdida la demanda y hubo que empezar de nuevo todos los trámites -luego se supo que los papeles habían sido remitidos incorrectamente al Juzgado de Paz de Navas del Rey-.  Desde que Josefa buscó abogado de oficio y hasta que contestó a la demanda pasaron otros tres meses. Y otros 10 más antes del juicio. El juzgado dio la razón a Ramón, pero Josefa recurrió a la Audiencia Provincial para dilatar su marcha del chalé (y mientras tanto seguía sin pagar).

Los papeles que se perdieron de juzgado en juzgado

El dueño del chalé mantenía que lo que hizo con Josefa fue un contrato de compraventa con opción a compra, pero la Audiencia dio un vuelco al proceso al entender que en realidad lo firmado entre Ramón y Josefa era un contrato sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos, y que la inquilina tenía derecho a prorrogarlo por cinco años. El juicio de la Audiencia fue suspendido una vez porque en el camino se rompió el CD con las diligencias remitidas desde el juzgado al tribunal, y la segunda vez que se envió el CD, llegó vacío. En su sentencia, la Audiencia no entró en si Josefa pagaba o no el alquiler. Y Josefa se agarró al error jurídico de Ramón al plantear la demanda como un incumplimiento del contrato de compraventa.

Y también decidió que era Ramón quien debía pagar la luz y el agua del chalé, puesto que, según ella, ambos habían acordado que en los 1.000 euros de alquiler se incluía el pago de los recibos de luz y agua. "Nada estaba escrito en ese sentido ni nada se decía sobre quién tenía que pagar la luz y el agua, fue cuando la dejé quedarse en casa ocho meses hasta que vendiese el local de Meco, pero tuve que afrontar las facturas para que no me denunciara por coacciones alegando que eran servicios básicos", se lamenta Ramón. Finalmente, tuvo que plantear otro pleito, este por desahucio, que sí fructificó. Pero para entonces Josefa ya llevaba casi seis años en la casa sin pagar un duro. "Y viviendo a cuerpo de rey, ella y sus hijos, en un chalé de 200 metros cuadrados y otros 300 de jardín", remacha la abogada Rosario Hurtado.

Ramón asegura que en los días previos a la ansiada entrega de llaves (las entregó el 23 de enero de 2014, un día antes de que fuese la policía al chalé con la orden de desahucio), un chatarrero de la zona le advirtió de que cuando entrase a la casa no se la encontraría bien. "Y era verdad, se habían llevado hasta los cables de la luz".