Zoido deja en manos de su ‘número dos’ el fichero antiyihadista de viajeros

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, es desde este sábado el número dos del Ministerio del Interior más poderoso de la democracia. A las habituales funciones de mando sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil y de "dirección, impulso y coordinación" de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, entre otras, Nieto suma gracias al nuevo real decreto que ha remodelado el departamento nuevas responsabilidades. Se trata de la dirección del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, de la gestión de las políticas de ciberseguridad y del control sobre el Sistema de Registro de Pasajeros (PNR, en sus siglas en inglés), un polémico archivo de datos para la prevención del terrorismo cuya puesta en marcha se ha demorado varios años por los recelos que en la Unión Europea ha despertado el tratamiento de la información que contiene.

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Esta última función es la única de las tres que asume ahora Nieto que aún no está operativa pese a que Interior tiene desarrollado el soporte técnico desde hace más de un año tras invertir 1,6 millones de euros. El último obstáculo es legislativo. Interior lleva trabajando desde la etapa de Jorge Fernández Díaz en la transposición de la directiva europea de abril de 2016 que daba definitivamente luz verde a este sistema que pondrán en marcha varios países europeos, y que ya tienen operativos Estados Unidos, Canadá y Australia. El plazo para culminar este proceso, según detallan fuentes del equipo de Zoido, es mayo de 2018, y en la actualidad el borrador del proyecto de ley aún se ultima en la Secretaría General Técnica de Interior, para su posterior remisión al Congreso de los diputados. "Nosotros tenemos prácticamente todo listo a nivel técnico para poder empezar, pero necesitamos el marco legal", añaden desde el Ministerio.

El objetivo final del PNR es recoger todos los datos de los viajeros de líneas aéreas con salida o llegada en nuestro país para detectar a tiempo la presencia entre ellos de terroristas y otros delincuentes peligrosos. La idea es que el fichero analice toda la información relacionada con una reserva aérea. Si ha sido hecha por Internet o a través de una agencia de viajes. Si ha sido pagada en efectivo o con una tarjeta de crédito. También debe incluir los itinerarios de los viajeros para detectar 'rutas' de las que habitualmente siguen los terroristas e información sobre el equipaje y el número de asiento que ocupa. De detectarse uno o varios indicadores de riesgo, la Policía prestará especial atención a dicho pasajero y comunicará la información a los países de nuestro entorno para, si se considerase necesario, interceptarlo lo antes posible.

La idea de Interior era haberlo puesto ya en marcha a comienzos de 2016, pero la directiva europea que iba a darle sustento legal se retrasó hasta abril de ese año tras las modificaciones que hubo que hacer al texto a instancias, entre otras, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), que incluyó numerosas enmiendas en el texto original. Entre ellas, un limite temporal a acceso a los datos, que se fijo en cinco años para los relativos a terrorismo y en cuatro para aquellos que se definidos como "delitos transnacionales graves". Unos cambios que obligaron en su momento a Interior a suspender la licitación en marcha y convocar un nuevo concurso para el desarrollo técnico del fichero.