Una declaración resbaladiza y llena de incógnitas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lleva varios días preparando con sus asesores la que quizá sea la cita más resbaladiza, desde el punto de vista político, de sus dos mandatos: la declaración, el próximo miércoles, como testigo en el juicio del caso Gürtel, la trama de corrupción cuyas oleadas llevan sacudiendo al PP desde febrero de 2009. La sesión 101 de la vista oral, que se inició el 4 de octubre, está llena de incógnitas: ¿Dónde se colocará Rajoy en la sala? ¿Acudirá a recibirle el presidente de la Audiencia Nacional? ¿Qué tipo de preguntas permitirá el tribunal? ¿Se hablará de la caja b del PP? ¿Del encuentro con el extesorero Bárcenas previo a su despido? ¿De los SMS que le envió cuando se descubrieron las cuentas de aquel en Suiza? ¿Pedirán asistir a la sesión los acusados Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, todos ellos en prisión?...

Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno en ejercicio acude como testigo —y por lo tanto, con obligación de decir la verdad— a un juicio. La acusación popular encabezada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) logró, el pasado abril y al cuarto intento, la presencia de Rajoy en la vista oral. Y su éxito fue pleno: pese a los intentos del PP de que declarase por videoconferencia desde La Moncloa, el tribunal, con el voto contrario de su presidente, Ángel Hurtado, ordenó que el jefe del Ejecutivo acudiera en persona.

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Rajoy no está citado por hechos conocidos en su condición de presidente del Gobierno —lo que le habría permitido declarar por escrito— sino como antiguo secretario general del PP, lo que, a ojos de la justicia, lo convierte en un ciudadano corriente. Pese a ello, el tribunal ha decidido “preservar” en lo posible “su imagen institucional”.

Desde los “estrados”

Una de las pocas cosas claras de su declaración es que ésta no se realizará desde la silla en la que han hablado todos los testigos y los acusados, situada frente a los tres magistrados. El auto de citación avanza, sin dar más detalles, que Rajoy testificará “en estrados”. Previsiblemente se situará en una silla entre los magistrados y los abogados defensores, aunque este detalle todavía no ha sido confirmado.

La sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), un búnker de hierro y hormigón situado a 18 kilómetros de La Moncloa, ha reforzado estos días sus ya férreas medidas de seguridad para recibir a Rajoy. La plataforma “Rodea el Congreso” ha convocado una concentración frente a la sede judicial a las 9.00.

Las comisarías de Policía Nacional de la Audiencia y de Presidencia del Gobierno se han coordinado para blindar el perímetro del edificio, en un polígono industrial en el límite con Torrejón de Ardoz, junto a la A-2, y para organizar la entrada los 312 periodistas acreditados de 62 medios nacionales y 21 extranjeros. Las televisiones francesa, alemana y rusa, entre otras, enviarán equipos a la fortaleza judicial de San Fernando. Hasta 19 unidades móviles de televisión retransmitirán en directo la declaración, lo que da la medida del interés mediático que ha suscitado, incluso mayor que la testifical de Cristina de Borbón en el caso Nóos en Palma.

Durante los últimos días se ha especulado con que Rajoy sea recibido a su llegada al edificio, también en atención a su posición institucional, por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Sin embargo, esta decisión todavía no está tomada, según fuentes jurídicas.

Una vez dentro de la sala, Rajoy se someterá inicialmente a las preguntas del abogado José Mariano Benítez de Lugo, un veterano letrado progresista que lidera la acusación popular de Adade, la única que pidió su declaración. A continuación cederá el turno a la fiscalía, al resto de acusaciones y a las defensas que quieran interrogarle.

Un interrogatorio amplio

Esta pieza del caso Gürtel enjuicia la llamada Época I, entre 1999 y 2005. En ella, el PP está personado como partícipe a título lucrativo porque las empresas de Francisco Correa, abonaron 245.492 euros para las campañas del PP en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid) en las elecciones municipales de 2003.

Estrictamente, este sería el objeto del interrogatorio a Mariano Rajoy. Sin embargo, los elementos aparecidos durante la vista oral —en especial la confesión controlada de Correa en octubre— y el antecedente de la declaración de los ex secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos, Ángel Acebes y Javier Arenas, hacen pensar que el presidente del tribunal permitirá preguntar a Rajoy, siquiera de manera general, sobre otros aspectos que incluso son objeto de otro juicio, como la existencia de una caja b en el PP.

De la manga ancha del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, dependerá que Rajoy tenga que contestar si sabía que la trama Gürtel organizó el Congreso del PP de Valencia de 2008 cuando, según su versión, él había ordenado cuatro años antes que el partido dejara de contratar con las empresas de Francisco Correa.

En su declaración de octubre, el cerebro confeso de la trama aseguró que pasaba más tiempo en la sede del PP que en su propia casa y que se repartió mordidas de empresarios con el extesorero del PP Luis Bárcenas a cambio de mediar en contratos de los ministerio de Medio Ambiente y Fomento durante los años de Gobierno de José María Aznar. Un empresario, Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica, también ha reconocido que él dio dinero para “organismos centrales”. Algunas de las preguntas más comprometidas pueden ir por esa vía. Si el juez Hurtado las autoriza, algo que todavía es una incógnita.