El tren se pone en marcha para las víctimas del Alvia

Un día, una persona que sabía bastante de estas tragedias colectivas le dijo a Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, que se preparase, porque una catástrofe como la del tren de Santiago no solo deja secuelas físicas y psicológicas a quien la padece, sino que "le cambia la vida radicalmente durante 10 o 15 años". De momento, hoy se cumplen cuatro, y en el caso de Jesús y de muchos miembros de la asociación que agrupa a la mayor parte de los afectados todo gira en torno a esta lucha, que al fin empieza a dar frutos.

Viendo "el vuelco" a su favor que han dado las cosas desde julio de 2016, las víctimas dicen que se sienten "más fuertes" que nunca en su guerra contra Goliat, el Estado, que "no hizo más que poner piedras" y obstáculos en su búsqueda de "la verdad" de un siniestro que segó la vida de 80 personas y dejó descalabradas a otras 144. "Sigo teniendo miedo a montar en el ascensor, y más si voy con mi hija. Pienso que se puede caer", reconoce este hombre que permaneció dos horas herido en la vía contemplando escenas de dolor infinito. "Pero ver que la Unión Europea, el juez del caso, la Audiencia de A Coruña y ahora todos los grupos políticos menos el PP nos dan la razón, es una satisfacción enorme que compensa todo lo batallado, y el desgaste personal y económico".

Noticias llenas de esperanza se han precipitado en los últimos meses, y todo "gracias a la intervención de la UE", reconocen las víctimas. En julio de 2016 se conoció el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, que pedía repetir las pesquisas porque las de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, órgano colegiado de la órbita de Fomento) no habían sido "independientes". En enero de 2017, las víctimas comparecieron en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde al fin fueron escuchadas tras ser tumbada reiteradamente en el Congreso y en el Parlamento de Galicia la posibilidad de crear una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas. A continuación, después de dar voz a las víctimas, Bruselas reclamó a España que realizase una nueva investigación "con la supervisión de la Comisión Europea".

Pese a que el viento empezaba a soplar en otra dirección, en febrero, PP y PSOE volvieron a imposibilitar un nuevo intento de investigación política en el Parlamento gallego; era la cuarta comisión abortada en la comunidad autónoma y la sexta en España. Pero a mediados de marzo el juez instructor de la causa en Santiago, Andrés Lago, que previamente había intentado liquidar su trabajo con la única imputación del maquinista, acordaba investigar por 80 homicidios al que había sido director de Seguridad en la Circulación de ADIF, Andrés Cortabitarte. Y hace un mes la Audiencia Provincial de A Coruña rechazaba los recursos en contra y ratificaba esa decisión. El alto cargo seguiría siendo investigado como presunto autor de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave al no haber evaluado los riesgos de la curva del siniestro después de que se decidió prescindir del sistema ERTMS de control y frenado de emergencia, a pesar de que existían advertencias por escrito sobre los peligros.

Pocos días antes de la confirmación de la Audiencia, el juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ampliaba año y medio su plazo para seguir investigando y pedir nuevos informes reclamados por las víctimas y por el abogado del maquinista del Alvia. Cumplía así con lo que le había pedido el fiscal jefe de Santiago, que había tomado los mandos tras la marcha del anterior representante del ministerio público. Este cambio de fiscal, en mayo, también era bien recibido por las víctimas: el primero, Antonio Roma, se había mostrado al principio contrario a la imputación de cargos y había avalado el prematuro cierre de la instrucción que a los tres meses enmendó la Audiencia. Aunque pasado el tiempo respaldó la citación de Cortabitarte, las víctimas le echaban en cara que le importasen más las indemnizaciones que "la búsqueda de la verdad".

El enésimo impulso a esta locomotora que avanza gracias al tesón de las víctimas ha llegado ya este mes, como un gesto político en los días previos a los actos de homenaje que desde ayer y hasta mañana martes vuelven a estremecer a mucha gente en la capital de Galicia. El pasado 18, PSOE y el grupo parlamentario de Unidos Podemos acordaron impulsar una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois en el Congreso. Los socialistas cambiaban su postura y por primera vez se alineaban a favor no solo de una investigación "con contenido político" sino también de otra de tipo "más técnico", como anunció Margarita Robles. "Tenemos el apoyo tanto del PSOE como de Podemos, En Marea, el BNG, Ciudadanos...", empieza a enumerar el presidente de la plataforma. "En el tren había votantes de todos los partidos, pero no todos los partidos les han echado una mano, y algunos de los que sí apoyan no existían", concluye Domínguez.

Aparentemente ajeno a todo esto, el Gobierno ha seguido "premiando", dice, a los altos cargos a los que las víctimas piden responsabilidades y dimisiones, como el presidente de la CIAF, Fernando Montes, o la propia Ana Pastor. El último en ser apuntalado, a principios de junio, ha sido Cortabitarte. El hoy por hoy único imputado junto al maquinista Francisco José Garzón Amo era reubicado por ADIF en una subdirección de nueva creación al desaparecer del organigrama el departamento que ocupaba. En su comparecencia ante el juez como imputado por una imprudencia profesional grave, el que había sido director de Seguridad en la Circulación se negó a declarar, y las víctimas tomaron su silencio como una ofensa, "no solo a los heridos y las familias de los fallecidos, sino a todos los contribuyentes, porque cobra su sueldo del dinero público".