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La juez convierte en papel mojado el último informe policial del ‘caso Villarejo’

La magistrada rechaza todas las diligencias solicitadas por los agentes, con las que pedían detallar las supuestas motivaciones del comisario en la investigación sobre el Pequeño Nicolás

Óscar López-Fonseca
Villarejo en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid en junio.
Villarejo en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid en junio.Álvaro García

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, ha dictado un auto en el que rechaza con el apoyo de la fiscalía una por una las nueve diligencias que los policías integrados en la comisión judicial le habían planteado en su último informe sobre el caso Villarejo.

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La magistrada argumenta que parte de las mismas persiguen una investigación "prospectiva", prohibida por la ley, y que el resto pretende ahondar en unos hechos -la vinculación del comisario con la finca La Alamedilla como posible móvil de su presunta implicación en el caso Nicolay- que no corresponde en su opinión a este sumario. Por ello, la juez anuncia que remitirá dicho informe al decanato de los juzgados para que sea otro magistrado el que asuma la investigación de dichos hechos "si se considera que existan indicios racionales de criminalidad".

La nueva decisión de la magistrada se suma a varios autos dictados en los últimos días con los que ha dado un giro a la investigación totalmente diferente a la que llevaba con su antecesor en el puesto, el juez Arturo Zamarriego. La última de ellas, como adelantó EL PAÍS, fue disolver la comisión judicial y apartar, por tanto, a los policías que investigaban tanto las andanzas de Francisco Nicolás Gómez Iglesias como la grabación ilegal y posterior difusión a la prensa de una conversación entre los responsables de las pesquisas y agentes del CNI. Estos habían entregado dos días antes un amplio informe de cerca de 400 páginas en el que apuntaban que la supuesta participación del comisario Villarejo en este último hecho -y por lo que está imputado- tenía que ver con una finca en Toledo que había pertenecido al banquero Mario Conde.

De hecho, el documento policial había sido titulado "Informe de finca La Alamedilla y sus vinculaciones con los casos Banesto, Nicolay y Grabación ilegal". Son las diligencias propuestas en ese informe las que ahora rechaza de plano la juez tras recibir de la fiscalía un informe en el mismo sentido, lo que convierte dicho documento en papel mojado dentro del caso Villarejo. Los agentes solicitaban al juez que reclamase diversa documentación tanto a entidades bancarias como a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social sobre las empresas vinculadas con dicha finca. Seis diligencias que la magistrada considera ahora totalmente ajenas a la investigación y, por ello, las rechaza, además de anunciar que por ello remitirá el informe al decanato de Plaza de Castilla.

Las tres últimas diligencias planteadas por los agentes se refieren al tráfico de llamadas de personas citadas en el informes e información sobre determinadas consultas realizadas en bases policiales. En concreto, la comisión judicial quería que el Ministerio del Interior facilitase la identidad de los policías del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) que habían realizado consultas sobre el caso Nicolay en sus bases de datos entre octubre de 2014 y febrero de 2015 para identificar al presunto autor de la filtración a la prensa de detalles de la investigación. Este centro policial está dirigido por el comisario José Luis Olivera, estrechamente relacionado con el comisario Villarejo.

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La juez rechaza esta prueba al considerar que la filtración a la prensa de información sobre el caso Nicolay no está siendo investigada en la causa. Los agentes también reclamaban conocer el tráfico de llamadas del comisario Olivera y de los empresarios Adrián de la Joya -recientemente imputado en el caso Lezo y cuyo nombre ya salió en el caso Gürtel- y Javier Martínez de la Hidalga, cuya denuncia fue una de las permitió actuar contra el Pequeño Nicolás. Todas estas diligencias son rechazadas de plano por la magistrada al considerar que son "prospectivas" y que, además, carecen de "base objetiva suficiente" para justificar su práctica.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. En sus ratos libres escribe en El Viajero y en Gastro. Llegó a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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