PSOE y PSC quieren iniciar la reforma de la Constitución sin el apoyo del PP

Las ejecutivas del PSOE y del PSC han aprobado este viernes una declaración política en la que urgen a iniciar en septiembre la reforma constitucional aunque el PP no se sume de entrada a la mayoría necesaria para iniciar ese trámite. Es una de las medidas recogidas en la Declaración de Barcelona que reúne un amplio abanico de propuestas para desbloquear la situación catalana  y hacer frente al independentismo y el reto del referéndum del 1 de octubre.

Pedro Sánchez y Miquel Iceta han comparecido juntos en la sede del PSC al acabar la reunión de las dos ejecutivas. El secretario general del PSOE insistió en que los planteamientos que formulan ambos enlazan con la línea política que ya trazó el PSOE con la Declaración de Granada de 2013, cuando el líder del partido era Alfredo Pérez Rubalcaba, y con los acuerdos del último congreso del socialismo español. El primer secretario del PSC, que conoce al dedillo esa declaración, leyó diversos párrafos para combatir la idea de que Sánchez está cambiando de rumbo la tradición del PSOE.

Los socialistas admiten que el éxito de la reforma de la Carta Magna requiere “un consenso sólido” pero creen que eso no puede ser excusa para aplazar el inicio de los trabajos. El camino, sostienen, es la apertura en el Congreso de una subcomisión u otro órgano parlamentario para echar a andar. “La reforma constitucional no es un fin, es el camino para recomponer los consensos”, dijo Sánchez.

Su idea es que la medida se apruebe el próximo septiembre, al inicio del período de sesiones, ya sea con el PP o bien con Ciudadanos y Podemos. Con todo, los socialistas admiten que sin el apoyo del PP no puede prosperar la idea, pues la reforma requiere una mayoría de tres quintos del Congreso (210) y el Senado (160) y los números no salen sin el apoyo de los populares.

Albert Rivera no parece muy predispuesto a apoyar la iniciativa, a la vista de la reacción que dejó en Twitter. “El PSOE se podemiza y ahora se entrega otra vez al nacionalismo del PSC. Parece que el documento lo haya redactado Sánchez con Carod Rovira [expresidente de Esquerra Republicana]”, escribió.

“No es premura, es prioridad, llevamos cinco años planteando la necesidad de la reforma constitucional”, precisó Sánchez, que acusó a Mariano Rajoy de “querer gobernar España sin Cataluña” y empleando únicamente los tribunales. “Le pedimos que no se quede solo en la ley, porque si la política consistiera en eso gobernarían los jueces”, apostilló el líder del PSOE.

La declaración de Barcelona asegura que pretende ser una “oferta política” para evitar que se produzca el “choque de trenes” que supondrá el referéndum, acabar con cinco años de “discriminación” del Gobierno con Cataluña e iniciar la reforma constitucional.

Los socialistas creen que son negociables las 46 reivindicaciones que planteó Carles Puigdemont a Rajoy en abril de 2016, con excepción de la demanda para celebrar referéndum. También exponen que es necesario desarrollar el Estatuto que mutiló el Tribunal Constitucional. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo año y medio para hacerlo, se comprometió a ello, pero no dio ningún paso. Ese desarrollo estatutario se traduciría, entre otras medidas, en la creación del Consejo de Justicia de Cataluña como una forma de descentralización del Consejo General del Poder Judicial, la reforma de la ley de las Haciendas locales o la “culminación” del traspaso de competencias.

El documento también urge a abordar la negociación de un nuevo sistema de financiación “más justo y equitativo” que resuelva la financiación de la sanidad o la ley de la dependencia que ahora asumen las comunidades autónomas. Otro de los apartados se detiene extensamente en que el Gobierno invierta en obras estratégicas de Cataluña “para paliar el déficit existente”.

Así, se reclama el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut para garantizar que los Presupuestos Generales del Estado destinen a Cataluña el porcentaje de inversión que corresponde a la aportación de esta comunidad al PIB, algo que ya incumplió el Gobierno del PSOE en 2011, cuando no abonó los 759 millones de euros que correspondían. También se reclama el Corredor Mediterráneo de Algeciras a la frontera francesa, facilitar las conexiones de los puertos catalanes o un consorcio para aplicar el plan de cercanías de Barcelona.

El texto reclama el reconocimiento de la “identidad nacional” catalana y alude en dos ocasiones a la “realidad plurinacional de España” sin que eso afecte a la soberanía del pueblo español ni a la igualdad de derechos. También aboga por potenciar Barcelona como capital económica, cultural y tecnológica. Sánchez anunció que en las próximas semanas se reunirá con líderes políticos y sindicales de Cataluña, para explicarles esa declaración y el lunes ya empezará a hacerlo con los dirigentes políticos del resto de España.