Vox reclama la destitución de la presidenta de la comisión de investigación a Begoña Gómez por “abuso de autoridad”

Vox ha reclamado este jueves la destitución de Susana Pérez Quislant (PP) como presidenta de la comisión de investigación sobre el caso Begoña Gómez que se ha impulsado en la Asamblea de Madrid, según consta en un escrito parlamentario visto por EL PAÍS. En ese documento, firmado por la portavoz Isabel Pérez Moñino-Aranda y la diputada Ana María Cuartero Lorenzo, se acusa a la exalcaldesa de Pozuelo de “abuso de autoridad” y de ser “juez y parte” en su gestión de la investigación, al aprovechar, presuntamente, su doble condición de presidenta de la comisión y secretaria tercera de la Mesa, el cónclave que regula el día a día del Parlamento regional. Las representantes de Vox señalan a Sánchez Quislant por, supuestamente, no haber respetado estrictamente el reglamento en la tramitación de su solicitud de que se elabore un informe jurídico sobre si se puede convocar a la comisión al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y las consecuencias de que, si fuera así, este no compareciera, o lo hiciera y guardara silencio o mintiera. La Mesa, según una fuente parlamentaria, considera innecesario el informe, pues ya se sabe que los cargos estatales no tienen obligación de comparecer en parlamentos regionales, pero aún no ha transmitido oficialmente la decisión.

“Con fecha 31 de octubre esta diputada no ha recibido comunicación alguna (...) en relación con la tramitación de solicitud de informe jurídico presentada”, se lee en el escrito de Vox. “Con fecha 29 de octubre, esta diputada recibe, en mano, sin sello de registro ninguno, escrito firmado por la presidenta de la comisión [Pérez Quislant]”, se añade. “En dicho escrito, la presidenta de la comisión refiere información en relación a la decisión de la Mesa [sobre la tramitación del informe] que no puede conocer de otra manera que no sea por su propia participación en la misma como secretaria tercera”, añade. “De esta manera (...) la presidenta pasa a hacer un análisis que no le corresponde”, se acusa. “Esta actuación supone una clara vulneración de los derechos de esta diputada a recibir la información correspondiente a la tramitación de los escritos que dirige a la Mesa (...)”, se argumenta.

Y se remata: “Dicha conducta supone un abuso de autoridad por parte de la Presidenta de la Comisión de Investigación, que ha tenido acceso a la citada información, de confirmarse la veracidad, por su condición de Secretaria Tercera. Adicionalmente, la Composición de la Mesa de la Asamblea, en la que cuatro de los miembros pertenecen al Partido Popular, hace que el voto de la secretaria tercera sea vinculante en relación con la admisión de los escritos con destino a la Comisión de Investigación, convirtiéndose en “juez y parte”.

Por todo ello, Vox pide el “cese” de Quislant, “evitando así posibles abusos derivados de la participación de la misma persona en los dos órganos que deciden sobre la tramitación de los asuntos con destino a la comisión de investigación, al ser su voto determinante en ambos”.

La mayoría absoluta del PP, en todo caso, destina al fracaso la reclamación de Vox.

Un portavoz de la Asamblea contrapone que el 25 de octubre el presidente de la Mesa aprovechó para informar al resto de componentes del órgano de que había un escrito de VOX (“que no estaba en el orden del día por no haber llegado a tiempo”), y que informó de que no se iba a pedir el informe porque ya hay jurisprudencia que establece que Sánchez no tiene obligación de responder a la llamada de la Cámara.

“En cumplimiento del Reglamento, en el que dice que la presidenta de una Comisión ha de velar por la buena marcha de los trabajos parlamentarios, y en aras de las buenas prácticas parlamentarias, la presidenta de la comisión presentó a la diputada de VOX un escrito, con información pública (ya que queda registrado en el acta de la Mesa) explicando los fundamentos debatidos previamente para no solicitar el informe jurídico”, asegura este portavoz.

La solicitud de informe de Vox, precisa este interlocutor, ha sido incluida en el orden del día de la Mesa de este jueves, con la conclusión prevista: no es necesario.

Aun así, una fuente parlamentaria no relacionada con Vox coincidió con este partido en que Pérez Quislant lo había hecho “fatal”.

El escrito de queja refleja que corren nuevos tiempos en la relación de PP y Vox. Tras ser socios parlamentarios entre 2019 y 2023, la mayoría absoluta lograda por Díaz Ayuso hace año y medio liberó a los conservadores de una dependencia que incomodaba a ambas partes. La dimisión como portavoz del partido ultra de Rocío Monasterio, tras ser defenestrada por la dirección nacional como líder de Vox Madrid, ha dado paso a un tiempo de abierta hostilidad encabezado por su sustituta Pérez Moñino-Aranda. Y el lugar elegido para escenificarlo está siendo una comisión de investigación a la que apuntan todos los focos, pues el 13 de noviembre está prevista la comparecencia de Gómez, la esposa de Sánchez, y de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Esta investigación ha sido impulsada por Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid para esclarecer el supuesto “trato de favor” recibido por la mujer del líder del PSOE en este centro educativo.

Gómez, que ha sido citada a declarar por la justicia como investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, figuraba el curso pasado en la web de la Complutense como codirectora de un Máster de Formación Permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro y de un Máster en Transformación Social Competitiva. En este último también aparecía como directora de la cátedra. Los populares están especialmente interesados en poner bajo los focos la relación de Gómez con el rector Goyache, y en que este explique la decisión adoptada durante su mandato de impulsar ese segundo título, qué criterio se aplicó para que Gómez dirigiera la cátedra del mismo, y la relación con las empresas que los financian.

Por ello, los dos deben acudir a la cita en la comisión, previsiblemente el 13 de noviembre. No obstante, nada les obliga a declarar en ella. Eso es lo que hizo, por ejemplo, la expresidenta regional Cristina Cifuentes en la comisión de investigación del caso máster, por la que pasó en 2019 sin contestar ninguna pregunta.

En el caso de Sánchez, convocado por el PP “en calidad de Presidente del Gobierno de España y cónyuge de la Codirectora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid”, es improbable que tanto él como sus subordinados del Ejecutivo central acudan a la Asamblea en el caso de que se activen sus comparecencias. En ocasiones precedentes, los representantes de la administración estatal han declinado la convocatoria con el argumento de que deben rendir cuentas ante el Congreso y el Senado, pero no ante Parlamentos autonómicos. Una decisión que avalan, por ejemplo, dictámenes del Consejo de Estado. A ellos se ha acogido la Mesa para ver innecesaria la petición de informe de Vox.

Este diario se puso en contacto con el PP para recabar su versión sobre la polémica, pero el partido se remitió al departamento de comunicación de la Asamblea.