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Las tres principales asociaciones de la carrera fiscal -la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)- han alertado este lunes acerca de la ineficiencia con la cual se está implementando el sistema de papel cero para digitalizar la comunicación de la justicia española. Según ambas organizaciones, "la ausencia de proyecto alguno" del Fiscal General, José Manuel Maza, para desarrollar la idea "pone en riesgo" la "capacidad para cumplir con el mandato constitucional de la defensa de la legalidad".

Los fiscales de UPF y APIF transmiten su preocupación en un comunicado lanzado este lunes en el que afirman que el Fiscal General se limita a "trasladar a las Fiscalías, como un hecho consumado, el calendario de implantación digital elaborado por el Ministerio de Justicia". Lo acusan de no prestar atención a las valoraciones realizadas por los empleados que trabajan con el sistema que busca conseguir el papel cero.

La Asociación de Fiscales (AF), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera- ha pedido en otro comunicado la "inmediata suspensión y paralización" del sistema implantado por el Ministerio de Justicia, que consideran que "no funciona". "Está generando unas disfunciones intolerables, y se verá abocada al fracaso, aún antes de nacer, de modo generalizado, porque en su puesta en funcionamiento no se ha tenido en cuenta algo fundamental: al Fiscal, su función y sus necesidades", afirma la nota de esta asociación.

Emilio Fernández, presidente de la UPF, sostiene que "el Ministerio quiere dar una imagen de que todo va bien". En Valladolid, por ejemplo, una de las Fiscalías en las que se hizo una prueba piloto que debería haber durado tres meses, ya van por el año y aún no pueden solucionarse las dificultades, pero el sistema continúa siendo exportado hacia otras comunidades. En la práctica las molestias son de todo tipo. Hay fiscales que no se enteran de que tienen que dictaminar algún asunto y vencen los plazos, empleados que deben utilizar diversas herramientas: una para clasificar los documentos, otra para desgrabar los juicios, otra para procesar textos escaneados. "Y además el sistema se cuelga. Llegan cientos de notificaciones sin distribuir. Las fiscalías son como un embudo. Así es imposible", explica Fernández.

Según el texto, el sistema es "altamente ineficiente", obliga a "utilizar de manera simultánea cuatro aplicaciones informáticas distintas" y "ralentiza de manera exasperante el trabajo diario de los Fiscales". En marzo de 2016, el Consejo Fiscal había exigido la parálisis del nuevo sistema por las dificultades que presentaba.

"Los fiscales, los funcionarios de fiscalía y los ciudadanos, no tienen por qué sufrir las consecuencias de una decisión política basada sustancialmente en razones de imagen, no evaluada adecuadamente por los responsables de la Fiscalía y generadora de un grave menoscabo de la eficacia y la calidad del trabajo de la fiscalía", advierte el comunicado.

El sistema se puso en práctica en enero de 2016 y a los 20 días de su implantación el Ministerio de Justicia cesó al entonces subdirector general de Nuevas Tecnologías, Luis Bustamante, encargado de hacer aterrizar el proyecto en la Justicia. Los mayores problemas para desarrollar la nueva herramienta de trabajo se habían dado en comunidades sin la estructura informática para su aplicación eficiente.