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El PSOE cree que el Gobierno delegará en el Constitucional

Los socialistas mantienen que no hará falta poner en marcha el artículo 155 de la Constitución

El Gobierno no tiene intención de activar el artículo 155 de la Constitución para hacerse cargo temporalmente de competencias de la Generalitat de Cataluña e impedir así el referéndum de independencia. Esta es la certeza que manejan el PSOE y Ciudadanos, que apuntan a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se abstendrá de intervenir directamente y dejará en manos del Tribunal Constitucional la tarea coercitiva y sancionadora en virtud de las facultades que le dio en 2015 con la reforma de su ley reguladora. El Gobierno aún no se ha pronunciado.

Mariano Rajoy y Pêdro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Ampliar foto
Mariano Rajoy y Pêdro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. EFE

La convicción del PSOE es que no hará falta poner en marcha el artículo 155 de la Constitución porque el Tribunal Constitucional puede actuar con eficacia sin necesidad de que el Gobierno intervenga directamente. El Ejecutivo de Mariano Rajoy cambió en 2015 la norma que regula las funciones y potestades del tribunal para dotarlo de capacidades sancionadoras y darle la facultad de suspender en sus funciones a cargos públicos en el caso de que desobedezcan sus sentencias. Tanto el PSOE como Ciudadanos dan por seguro que, en el caso de que la Generalitat persista en sus planes de convocar un referéndum ilegal para el 1 de octubre, será el Constitucional el que actúe a través del artículo 92 de esa ley.

El Constitucional puede actuar sobre la autoridad o funcionario que incumpla sus sentencias; y, para “garantizar la efectividad de sus resoluciones”, puede “recabar el auxilio de cualquiera de las Administraciones y poderes públicos [...], que lo prestarán con carácter preferente y urgente”. El tribunal podrá “acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal”, señala ese artículo 92. Además, quienes incumplan los requerimientos serán sancionados con multas de entre 3.000 y 30.000 euros.

Si el Constitucional aceptara aplicar esa norma, el Gobierno no tendría que activar el artículo 155 de la Constitución; y eso es lo que la oposición cree que va a ocurrir. Por eso, fuentes socialistas subrayan que “no se deben levantar falsas expectativas sobre esta medida [la aplicación del 155], en la que el Gobierno no piensa”.

El artículo 155 de la Constitución autoriza al Gobierno a “dar instrucciones” a las autoridades autonómicas para aplicar “las medidas necesarias” que logren que una comunidad se avenga a cumplir sus obligaciones constitucionales.

El artículo 92 de la Ley del Tribunal Constitucional faculta al tribunal a “recabar el auxilio” de cualquier Administración o poder público (que deberá prestarlo de forma “urgente”) para garantizar el cumplimiento de sus sentencias. Y le da la capacidad de suspender a cargos públicos que desobedezcan.

Los socialistas proclaman también en alto su criterio contrario a poner en marcha ese artículo constitucional. Así lo expresó el pasado jueves la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, y esta es la línea aceptada en el partido tras dos sesiones largas de discusión en reuniones de su ejecutiva. El PSOE, además, llama la atención sobre la actitud similar del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. “Yo soy más partidario de evitar los delitos que de perseguirlos”, señaló Rivera el mismo jueves en el Foro Líderes de la agencia Efe. Para el líder de Ciudadanos, activar el artículo 155 sería “un titular fantástico para Puigdemont”.

Tantas cuantas veces se pregunte al PSOE por esta medida la considerará “inconveniente”, con la certidumbre de que el Gobierno de la nación no se lo va a reprochar, señalan las fuentes socialistas consultadas.

“Anuncios de anuncios”

Tras la reunión del miércoles entre el presidente Mariano Rajoy y el secretario general de PSOE, Pedro Sánchez, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, no aludió a ese ni a ningún otro mecanismo de respuesta al desafío secesionista, con el argumento de que de eso no se había hablado.

Tras el Consejo de Ministros de este viernes se le requirió expresamente para que opinara sobre el rechazo del PSOE a aplicar el artículo 155: no respondió. “No hay nada sobre lo que actuar, salvo anuncios sobre anuncios”, se limitó a decir Méndez de Vigo. Si finalmente sí se aprueba y se publica oficialmente la convocatoria para un referéndum en Cataluña el 1 de octubre, el Gobierno instará al Tribunal Constitucional a que lo suspenda; la desobediencia a esa suspensión podría activar un procedimiento penal, como ya ocurrió con la consulta al 9-N, que acabó en las inhabilitaciones del expresident Artur Mas y los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.

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