Bruselas abre una investigación sobre la última mina de uranio de la UE

La Comisión Europea ha abierto una investigación a España sobre la mina de uranio que una multinacional australiana intenta explotar en una comarca despoblada de Salamanca, a pocos kilómetros de la frontera con Portugal. De llegar a inaugurarse, sería la única explotación a cielo abierto de este mineral radiactivo en Europa occidental. Bruselas investiga si el proyecto cumple con varias disposiciones de la normativa de la Unión Europea, entre ellas la directiva de repercusiones medioambientales y la directiva Hábitats.

La investigación se ha abierto "a raíz de varias denuncias y preguntas escritas", asegura el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, en una respuesta escrita al Parlamento Europeo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La directiva Hábitats protege los entornos naturales y las poblaciones de especies silvestres de la Unión Europa. La directiva de repercusiones medioambientales evalúa los efectos de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

La respuesta de Vella afirma que "de acuerdo con la directiva Hábitats, todo proyecto que pueda tener una repercusión significativa en un lugar Natura 2000 debe ser objeto de una evaluación apropiada", y añade que los países solo pueden dar su aprobación a uno de esos proyectos "si han comprobado que no incidirá de forma adversa en la integridad del lugar considerado".

La mina de uranio que trata de explotar la empresa Berkeley afectará a dos zonas protegidas por Natura 2000, la red medioambiental europea: un LIC (lugar de interés comunitario) y una ZEPA (zona de especial protección para las aves). También hay constancia en la zona de varias especies de fauna protegida, como la cigüeña negra, el milano real y el alimoche, en peligro de extinción o calificadas de “vulnerables”, según admite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva que dio al proyecto la Junta de Castilla y León.

España no lo ha notificado

La Comisión Europea también recuerda en su respuesta escrita que España no ha cumplido con su obligación de informar correctamente a Bruselas de un proyecto de estas características. La minería de uranio es una operación que entra en el ámbito de aplicación del artículo 37 del tratado Euratom y, por tanto, obliga al Estado miembro que concede la licencia a presentar toda la información pertinente. "La Comisión ha recordado a España esta obligación", señala la respuesta, de fecha 26 de junio pasado.

El comisario de Medio Ambiente reitera más adelante que la Comisión "no ha recibido ninguna notificación con arreglo al artículo 37 del Tratado Euratom acerca del proyecto de la mina de uranio de Retortillo". Y añade que, dado que los materiales radiactivos naturales como el uranio también están cubiertos por la directiva sobre normas de seguridad básicas, Bruselas "evaluará el cumplimiento de los requisitos de esa directiva de cualquier modo".

"La mina de uranio de Salamanca se convierte con cada nueva noticia en un crimen mayor contra el entorno y la economía de la región. La Comisión Europea ha tenido que recordar al gobierno de España que tiene que enviar la información pertinente en materia de protección medioambiental y de la salud, cosa que aún no ha hecho a pesar de que las obras ya se han iniciado", afirma Xabier Benito, eurodiputado de Podemos que hizo la pregunta en el Parlamento Europeo. 

"Es una buena noticia que la Comisión Europea haya abierto una investigación respecto a las posibles vulneraciones de directivas europeas; sin embargo, la imagen del gobierno de España ante este hecho es lamentable", añade.

Preocupación de Portugal

El proyecto de la mina de uranio podría acabar provocando otro conflicto con Portugal como el que se dio con el almacén de residuos de la central nuclear de Almaraz. El Gobierno portugués ha afirmado estar preocupado por la cercanía de la explotación a su frontera y, más concretamente, al río Duero. Lisboa reclamó a España información detallada sobre el proyecto hace unos meses, tal como adelantó EL PAÍS.

La agencia medioambiental ha elaborado un informe en el que afirma que la mina es susceptible de tener “efectos ambientales significativos en Portugal”, tanto por la proximidad a la frontera y la dirección de los vientos, como por los efectos de la explotación en el río Yeltes, afluente del Huebra que a su vez desemboca en el río Duero. La preocupación se centra en “la contaminación radiológica y por metales pesados”, y en la calidad del agua, debido a “la importancia del río Duero para la disponibilidad de agua para el abastecimiento público de aproximadamente dos millones de personas y para el riego de todo el Duero Vinícola”.

El proyecto de Berkeley en Salamanca es muy controvertido, especialmente por los efectos medioambientales, que incluyen la tala de encinas centenarias. En abril pasado, dos fiscalías abrieron diligencias, una para estudiar la demanda de Stop Uranio según la cual la construcción de una enorme balsa en el entorno de la mina no tiene el permiso necesario, y otra después de que WWF denunciara la tala masiva de encinas centenarias en una zona protegida Natura 2000.

El consejero delegado de Berkeley, Paul Atherley, señaló en una entrevista con este periódico que la tala de encinas se verá compensada en el futuro con la plantación de 30.000 ejemplares. "La zona se va a ver beneficiada por el proyecto, tanto en el plano medioambiental como en el económico por los puestos de trabajo que vamos a crear", aseguró. Berkeley afirma que restaurará los terrenos cuando termine la explotación del mineral, que se calcula que durará 15 años.

Sobre la respuesta de la Comisión, Atherley señaló que la compañía está dispuesta a entregar toda la documentación necesaria y a dar las explicaciones oportunas. Añadió que Berkeley ya ha ampliado información a Bruselas a través de la Junta de Castilla y León. Recordó asimismo que Euratom no solo conoce, sino que valora muy positivamente el proyecto minero: "En su dictamen sobre la mina, Euratom asegura que contribuirá a garantizar el abastecimiento de uranio natural a los usuarios de la UE".

Competencia autonómica

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aseguró que la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental fue de la Junta de Castilla y León y que los yacimientos también son competencia autonómica por no pertenecer a la reserva del Estado. Sobre la comunicación referente al artículo 37 del tratado Euratom, añadió que "no consta que la Comisión Europea se haya dirigido a España solicitando información". Y recordó que, de momento, Berkeley tiene suspendido el procedimiento de autorización para construir la planta.

El proyecto minero es polémico desde el inicio. La empresa contrató como lobista en Bruselas a Manuel Lamela, exalto cargo del comisario de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que fue quien firmó la autorización comunitaria para la mina. La Audiencia Nacional estudia desde el año pasado la legalidad del permiso que le dio el Ministerio de Industria al proyecto tras una denuncia de Equo y Ecologistas en Acción. "Cañete es también responsable de esta situación.  Las insituciones no son para beneficiar a tus amigos, seguimos esperando la dimisión de Cañete", afirma Benito.

"Hay mucho daño causado a la región por la obras de Berkeley y pensamos que deben pagar como responsables. Esperemos que la extracción de uranio en Salamanca no llegue a más y el gobierno sepa apostar por un modelo sostenible de energías renovables y ganadería extensiva. La mina es uranio para hoy y hambre para mañana", concluye el eurodiputado.