El ‘camión-botijo’ de 350.000 euros que la policía nunca ha usado

Sus ruedas acumulan kilómetros, pero el contador de intervenciones sigue sin estrenarse. El camión policial con cañón para lanzar chorros de agua a presión que el Ministerio del Interior decidió adquirir en pleno apogeo de las movilizaciones sociales contra el Gobierno del PP suma ya 30 meses en barbecho. Según han confirmado fuentes policiales, este vehículo, conocido entre los propios agentes como camión-botijo, aún no se ha utilizado pese a que se incorporó al equipamiento de la Policía Nacional a finales de 2014. Interior calificó entonces su compra de "necesaria" para justificar los cerca de 350.000 euros que costó a las arcas públicas. "No hemos lanzado ni un litro. Solo lo hemos paseado", ironizan las fuentes policiales consultadas.

En todo este tiempo, la policía solo ha traslado este vehículo a varias ciudades españolas "de forma preventiva". "Cuando ha habido algún dispositivo donde podía surgir la necesidad de usarlo", señalan fuentes de las fuerzas de seguridad. Entre otros eventos, se desplegó durante la final de la última Copa del Rey de fútbol, celebrada en Madrid el pasado mayo. Pero los propios policías consideran su "utilidad" muy limitada, ya que está pensado para utilizarse en grandes espacios y, además, necesita moverse acompañado por otros agentes que ejerzan de "escolta". En este sentido, recuerdan que los cinco camiones de este tipo de los que en su día dispuso la policía quedaron finalmente inservibles, precisamente, por su desuso.

La polémica sobre el camión-botijo arrancó en diciembre de 2013. Pese a que las propias cifras del Gobierno detallaban que no se registró ningún incidente en el 99% de las marchas convocadas en 2013 y solo en el 0,1% de ellas se requirió la intervención de los antidisturbios; Interior anunciaba entonces la licitación para comprar el vehículo. Esta decisión se difundía poco después de dar a conocer la primera versión de la criticada Ley de Seguridad Ciudadana. El ministerio, encabezado entonces por Jorge Fernández Díaz, justificó la compra en el pliego de condiciones del concurso por la conveniencia de dotar a las Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos popularmente como antidisturbios) de "medios materiales que, debido a la actual dinámica social y en caso de tener que restablecer el orden público, se pueda realizar de la forma menos lesiva posible". El documento calificaba este tipo de vehículos como "ideal para acometer el control de masas". El concurso preveía un gasto de hasta 500.000 euros, pero finalmente se adjudicó en mayo de 2014 por 348.480 euros, IVA incluido.

De su fabricación se encargó una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la española Quatripole Ingeniería SL, especializada en la fabricación de material de Defensa, y Beit Alpha Teconologies Ltd, una compañía israelí que en su página web presume de fabricar este tipo de ingenios para cuerpos policiales de una treintena de países. Entre las características del "camión transformado y carrozado" destaca su capacidad para almacenar 7.000 litros y lanzarla a través de un cañón a una presión de entre 10 y 16 bares, más que suficiente para derribar a la persona sobre la que impacte. El vehículo tiene también un segundo depósito de entre 30 y 60 litros para añadir "colorantes" con los que teñir el agua y así manchar la ropa de aquellos manifestantes más violentos para 'marcarlos' y proceder posteriormente a su arresto.

El 12 de diciembre de ese año, el vehículo fue entregado a la Dirección General de la Policía que, ese mismo día, dio de alta su seguro. Cinco días más tarde, el camión llegaba a la Jefatura de las UIP listo para ser utilizado. Tras las pruebas y el adiestramiento de los agentes para su uso, el camión estuvo a punto de ser utilizado pocos meses después de su adquisición. En concreto, el 21 de marzo de 2015, coincidiendo con la convocatoria de las llamadas Marchas de la Dignidad que iban a confluir ese día en Madrid. Aquella jornada se llenó su depósito de agua y se alertó a un subgrupo de las UIP para que estuviera listo para escoltarlo ante la posibilidad de que fuera necesario utilizarlo. Sin embargo, aunque se produjeron incidentes (hubo 17 detenidos), no fue finalmente movilizado. El principal motivo fue que los altercados se registraron en calles estrechas del centro de la capital donde, según destacan fuentes policiales, "el camión-botijo es un estorbo".

"No es un capricho nuestro"

Pese a ello, el camión aterrizó en Interior con el beneplácito del actual Director Adjunto Operativo (DAO) de la policía, Florentino Villabona, entonces comisario general de Seguridad Ciudadana y, por tanto, máximo responsable de los antidisturbios. "Un vehículo de este tipo es necesario. No es un capricho nuestro", aseguró en aquel momento a EL PAÍS. "Se usará fundamentalmente contra las barricadas. Sobre todo, contra las barricadas incendiadas, a las que es arriesgado que lleguen los bomberos. De esta forma, podremos desmontarlas en poco tiempo". Más allá de la teoría, nunca se ha usado en la práctica. Y el Ministerio del Interior, preguntado ahora por este periódico, no ha querido pronunciarse al respecto.

Según recogía una pregunta parlamentaria presentada recientemente por el diputado socialista Antonio Trevín, el camión "durmió la mayor parte de su vida arrumbado en Valencia” y ni siquiera se usó en Galicia cuando se le movilizó para estar listo para actuar durante la llamada guerra de la leche. Tampoco intervino el pasado mes de febrero, cuando se decidió reforzar la seguridad en los alrededores del puerto de Algeciras con ocasión del conflicto de estibadores. La última ocasión de la que se tiene conocimiento de que fuera desplazado fue, recientemente, a la frontera de Ceuta. Interior reconoció que lo había llevado a la ciudad autónoma para probar si podía usarlo allí en la contención de avalanchas de inmigrantes en la frontera con Marruecos, pero concluyo que no era "apropiado debido a la geografía del terreno". Eso sí, en su respuesta, el Gobierno admitió que el coste de dicho traslado fue de 4.199,72 euros.

La oposición y los sindicatos policiales han denunciado reiteradamente el gasto que supuso la compra del camión-botijo. Desde el mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP) se tilda el gasto de "dispendio" e inciden en que "había entonces y aún hay otras necesidades, como los chalecos antibalas, mucho más importantes". El PSOE llegó a presentar una proposición no de ley en el Congreso que instaba a destinar precisamente ese importe a mejorar el equipamiento de los agentes y las instalaciones de las fuerzas de seguridad. "Pero el Gobierno parece que está dispuesto a utilizar todos los medios represivos contra aquellos que deciden salir a las calles a mostrar su descontento", explicaban los socialistas en su iniciativa.