Señorías, ¿renunciarían a sus notas en las intervenciones parlamentarias?

La iniciativa de Podemos de prohibir el uso de textos ya redactados en los debates parlamentarios obliga a una reflexión pausada sobre la oratoria política y el nivel de debate en nuestro Parlamento. En la reciente moción de censura, hace unos días, Pablo Iglesias acusó en varias ocasiones a Mariano Rajoy de leer un discurso escrito por otros, anticipadamente, sin ninguna o poca conexión con la discusión real y con las propuestas presentadas en aquella sesión. Es decir, le acusaba de impostura, de hurtar el verdadero debate y reducir el Parlamento a una caja de resonancia de argumentos propios.

Iglesias se aferra a una razonable interpretación del artículo 70.2 del Reglamento del Congreso que dice que "los discursos se pronunciarán personalmente y de viva voz. El orador podrá hacer uso de la palabra desde la tribuna o desde el escaño". La clave, respecto a la posible prohibición de lectura de un discurso escrito con anterioridad, está en la correcta interpretación de la expresión "de viva voz". Hay que señalar que esta expresión tiene una larga tradición parlamentaria y así, en el Reglamento Interior del Congreso de 4 de mayo de 1847, dice: "Los discursos se pronunciarán de viva voz y se continuarán sin interrupción salvo que fueran pasadas las horas reglamentarias y la Cámara no acuerde prorrogar la sesión". Se ha ido repitiendo en posteriores reglamentos como los de 1918, 1931 o 1934.

¿Sería deseable que los representantes del Gobierno respondieran a las preguntas y a los hilos del debate, tras una escucha atenta y paciente?

Esta expresión siempre se ha interpretado como un código real, aunque no reglamentado con precisión, consistente en el necesario uso de la palabra directa, sin intermediación del texto escrito. El sentido común dice que "de viva voz" debe entenderse como la comunicación mediante la palabra proferida de modo directo y no mediante la palabra emanada de la lectura de un texto, como así han manifestado, en varias ocasiones, profesionales de la vida parlamentaria como el exsecretario general del Congreso Luis María Cazorla. A lo que hay que añadir las referencias de teóricos del parlamentarismo como el maestro y Premio Nacional de Literatura, Francisco Ayala García-Duarte, que alertaban de que, en las actuales Cámaras, se ha sustituido la elocuencia por la "lectura de documentos o, a lo sumo, por la exposición metódica, con frecuencia en un tono gris, apoyada en dosieres".

Iglesias no clama en el desierto, y hay antecedentes. El presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, estudió en 2011 la posibilidad de incluir en el reglamento una cláusula que impidiera a los diputados que intervienen en pleno la lectura íntegra de discursos. Ahora bien, dicho todo esto, no hay ningún precepto en el reglamento del Congreso actual que prohíba la lectura íntegra de intervenciones previamente escritas.

La discusión no es técnica, necesariamente, sino política, y afecta a la relación entre la calidad de la oratoria política y el nivel de la misma política, así como de los requisitos imprescindibles para una adecuada fiscalización del Gobierno por parte del Parlamento. ¿Es conveniente que el Gobierno lleve su respuesta totalmente escrita? ¿O sería deseable que, en el ejercicio legítimo de control parlamentario a los ministros y a su presidente, estos debieran responder a las preguntas y a los hilos del debate, tras una escucha atenta y paciente? ¿Se trata de un debate, o de una sucesión de monólogos? Y si hablamos de Parlamentos… ¿no estamos refiriéndonos, por elevación, a la riqueza del debate, de parlamentar, de interpelarnos en la búsqueda del bien común? "Para saber hablar es preciso saber escuchar", decía el filósofo Plutarco.

Mario Vargas Llosa, en su artículo Epitafio para un caballero (publicado en EL PAÍS, en 2002), advertía ya que "la oratoria no es un valor en la vida política. Hoy, los políticos son por lo general marionetas a quienes los creadores de imágenes, expertos en publicidad y asesores programan y manipulan de acuerdo con técnicas perfectamente funcionales".

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Los profesionales de la comunicación tienen, en la mayoría de los casos, otro punto de vista. Afirman que escribir las intervenciones parlamentarias permite una mejor precisión y un uso más responsable del lenguaje, al evitar que, al calor de una discusión parlamentaria, se cometan errores, excesos o graves distorsiones de la realidad. Además, todos los grandes oradores son, también, lectores y escritores. La transición del texto a la lectura permite la recreación del fondo con la forma, con el lenguaje no verbal y una amplia gama de recursos de la voz: ritmo, tono, matiz y color. Esta potencia no emana del simple debate, sino de la lectura consciente y creadora.

Más allá de la pretensión por regular lo escrito, y de la discusión sobre los beneficios para la política del debate o de una potente lectura, hay otra cuestión pendiente: el uso de la tecnología y la visualización de datos o materiales gráficos como herramientas útiles en los debates parlamentarios. Solo el presidente del Congreso, Manuel Marín, pretendía que, al colocar pantallas en los escaños, estas se pudieran utilizar para presentaciones y apoyar los discursos. Lo que sí es cierto es que, lamentablemente, nunca llegaron a utilizarse para ese fin.

Iglesias pretende, en aras de un mejor parlamentarismo, prescindir de las intervenciones previamente escritas que reducen a los parlamentarios a bustos parlantes. Y tiene sentido lo que propone. Pero debemos ir mucho más allá, y centrarnos en cómo hacer más efectiva (y, ¿por qué no?, más atractiva por comprensible) la dinámica parlamentaria con más pantallas, conectividades y recursos visuales que permitan fiscalizar mejor, explicarse con mayor precisión y dotar de mayor conocimiento la vida parlamentaria. El Parlamento necesita más oratoria, seguro. Y mejores discursos, también. Pero lo que sin duda necesita es, también, la introducción razonable de más recursos para la modernización de los debates y de la política.

@antonigr| www.gutierrez-rubi.es