Un abogado del Estado urdió chantajes con falsos agentes del CNI

Los falsos agentes del CNI, José Antonio Mateos e Ignacio Flores, se habían presentado ante Carmona meses antes como miembros de los servicios secretos. El letrado les creyó y les encomendó “encontrar algún tema turbio, sucio o susceptible de usar en un chantaje que obligue [a la entonces jefa de la Abogacía del Estado en Almería] a abandonar el puesto”, según un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento sostiene que Carmona, de 59 años, se sentía “mortificado” por su sustituta.

Para construir su impostura, los falsos espías recurrían a placas del CNI, ropa militar y tarjetas del Estado Mayor de la Defensa. La treta consiguió convencer a Carmona, un letrado que alcanzó el puesto 28 –el máximo es 30- en el escalafón de la función pública tras superar unas duras oposiciones.

“Yo creo todavía que [Mateos y Flores] eran agentes del CNI”, confiesa por teléfono Carmona. El abogado, sin embargo, niega que encargara a los falsos espías husmear en la vida de su sustituta en el marco de un chantaje.

El alto funcionario es hoy uno de los siete procesados en el denominado caso Tres Reyes. El letrado se encuentra en comisión de servicio en Granada. Y se enfrenta a tres años y seis meses de cárcel por extorsión y pertenencia a organización criminal.

Los estafadores se hacían pasar por miembros de los servicios secretos

La investigación atribuye a este abogado el papel de “captador” de víctimas. Según las pesquisas, Carmona trabajó al servicio de una red que estafaba a empresarios haciéndose pasar por agentes de la CIA y el CNI.

Los miembros del grupo adquirían en Internet carnés falsos de los servicios de inteligencia. Y presumían de supuestos contactos policiales y judiciales para acceder a información reservada que después vendían a las víctimas. Todo era una ficción.

Carmona atribuye su vinculación a la banda a un “montaje” de la Guardia Civil. “Lo que me han hecho es peor que lo que hicieron los nazis”, opina.

Las pesquisas indican que el grupo estrechó lazos con la Autoridad Portuaria de Almería. También que alardeaba de “personas de confianza” en los juzgados andaluces. Unos topos que supuestamente recopilaron información confidencial sobre un objetivo de la banda, “La Rubia”.

La documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS señala a Carmona como un miembro más de la trama. El abogado, incluso, compartió intereses económicos con el resto de procesados, que según la investigación manejaron negocios en el sector inmobiliario. También comerciaron con la venta de bonos mexicanos o la exportación de aceite a Rumanía.

"Miedo a dormir solo"

Carmona llegó a ocultar en su domicilio una noche de abril de 2013 a otro de los acusados, José Abad, alias Giussepe, que temía ser detenido por la Guardia Civil. “José Abad durmió en mi casa porque le daba miedo dormir solo”, justifica el letrado.

Precisamente Abad defendió los intereses del abogado del Estado al reclamar una deuda de seis millones de euros a un supuesto acreedor. Para presionar al moroso, Giuseppe esgrimió su imaginaria pertenencia a “La Casa”, que es el término con el que se conoce coloquialmente al CNI; amenazó con “meter en prisión” al deudor “con solo una llamada”. Y se jactó de manejar datos comprometidos sobre su objetivo. Una víctima que llegó a temer por su vida, según la fiscalía.

En otra misión, el que pasó por ser el jefe de la red de falsos espías, José Antonio Mateos, mostró el 17 de abril de 2013 un carné del CNI con la leyenda “agente de la autoridad” a un inspector de Trabajo de Málaga. El funcionario le concedió la información confidencial ante la creencia de que estaba ante un agente secreto.

El letrado vincula su procesamiento por extorsión a un "montaje" de la Guardia Civil

Los rocambolescos manejos de este grupo que extendió sus tentáculos en Almería afloraron en enero de 2013 tras la denuncia presentada por el empresario Manuel Rodríguez. La red le reclamó 200.000 euros a cambio de no detenerle por intentar vender un cargamento de 128 millones de dinares iraquíes, una actividad legal. Carmona fue el encargado de concertar la reunión entre la red y Rodríguez, una víctima que no sucumbió a la farsa.

El juicio por el denominado caso de los Tres Reyes se celebrará a partir del próximo 18 de julio. Los siete procesados se enfrentan a penas de entre tres y nueve años de prisión por cometer los presuntos delitos de extorsión, pertenencia a organización criminal, usurpación de funciones públicas y falsificación de documentos oficiales.

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