El Gobierno niega el informe secreto del accidente de un caza al juez militar

El Consejo de Ministros se ha negado a desclasificar el informe de seguridad en vuelo del accidente sufrido el 2 de noviembre de 2012 por un caza F-5 en la base de Talavera la Real (Badajoz), en el que resultó muerto un piloto y gravemente herido otro. En respuesta a la juez militar que investiga el caso  y que había reclamado el documento secreto, el Gobierno argumenta que entregarlo “causaría un grave daño” a la seguridad de la Fuerza Aérea y a la defensa nacional.

El Gobierno acordó el pasado 26 de mayo, a propuesta de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, rechazar la desclasificación del informe de seguridad en vuelo que refleja la investigación interna realizada a raíz del siniestro del F-5, pese a la petición formulada por el  Juzgado Togado Militar Territorial nº 12.

Aunque el acuerdo del Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso EL PAÍS, asegura que el mantenimiento del secreto “no responde a designio alguno de procurar supuestos espacios de impunidad vedados a la investigación judicial”, argumenta que debe atenerse al criterio del Estado Mayor del Ejército del Aire, depositario del documento y opuesto a su desclasificación, “a no ser que se aprecien motivos que hagan aparecer dicho parecer técnico-militar como irracional, arbitrario e injusto”.

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El Gobierno asegura que su decisión preserva el equilibrio constitucional entre la seguridad del Estado y el derecho a la tutela judicial y, para justificarla, se atribuye el papel de juez. Sostiene, por ejemplo, que los informes que se niega a desclasificar “no resultan penalmente relevantes”, algo que solo puede determinar la Justicia. Y argumenta que la investigación judicial está todavía en fase de diligencias previas y que el responsable último de la seguridad del vuelo era el comandante que falleció en el siniestro, obviando la posibilidad de que se debiera a un fallo de mantenimiento.

Para justificar que la desclasificación “afectaría muy negativamente a la moral del personal y a la eficaz realización de las operaciones aéreas”, como sostiene el Ejército del Aire, el Gobierno repite el argumento que esgrimió el Abogado del Estado y ya fue rechazado por el tribunal militar: que quienes participan en estas investigación interna, cuyo objetivo es evitar que se repitan accidentes, podrían dejar de colaborar si saben que sus pesquisas pueden acabar en manos de la justicia.

La decisión del Consejo de Ministros del 26 de mayo contrasta con la que adoptó el anterior Gobierno el 30 de abril de 2015, cuando accedió “con carácter excepcional” a desclasificar el informe solicitado por la juez, apelnado a las graves consecuencias que tuvo el accidente: “la pérdida de una vida humana y lesiones de suma gravedad para otra persona”.

Aquella decisión se tradujo en la entrega del llamado Estudio Final de Seguridad en Vuelo, un sucinto listado de recomendaciones que no incluía el análisis de las causas del siniestro. Considerándolo insuficiente, la juez reclamó todos los documentos y el tribunal militar avaló su solicitud. Más de dos años después, el Gobierno ha decidido que con lo que ya tiene es bastante y se ha negado a declasificar el informe completo.