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El juez del ‘caso Auditorio’ rechaza interrogar a un testigo para no provocar un “seísmo procesal”

El magistrado Pérez-Templado deniega diligencias en el caso que obligó a dimitir a Pedro Antonio Sánchez

Óscar López-Fonseca
Pedro Antonio Sánchez
Pedro Antonio Sánchez, tras su dimisión por el 'caso Auditorio'.EFE

El instructor del caso Auditorio, el magistrado Julián Pérez-Templado, ha dictado un auto en el que rechaza la práctica de dos diligencias solicitadas por una de las acusaciones de la causa que obligó a dimitir como presidente de la Región de Murcia al popular Pedro Antonio Sánchez. El “principal motivo” para hacerlo, señala el escrito del juez, es “obviar lentitudes innecesarias o cuanto menos prescindibles en aras de una pronta terminación del sumario”. Una conclusión que, añade, “entre unas cosas y otras se va retrasando con gran pesar mío”. De hecho, llega a tildar de “seísmo procesal” para este fin la citación de un funcionario para declarar como testigo.

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Las dos diligencias rechazadas por el juez Pérez-Templado habían sido solicitadas por la acusación que representa a José Manuel García Miravete, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando se levantó el auditorio bajo sospecha. Se trataba, en concreto, de solicitar al consistorio que remitiera un expediente administrativo sobre dicha construcción, así como la citación como testigo de J. J. S., “funcionario y persona de contacto en dicho expediente”. El juez lo rechazó con una providencia el pasado 24 de marzo y la representación jurídica del concejal recurrió alegando, entre otras cuestiones, que la fórmula elegida para descartarlas –una providencia- no era la procesalmente correcta y que, además, no había motivado de manera suficiente su decisión de no practicar ambas pruebas.

Es a ese recurso al que ahora ha dado respuesta el juez Pérez-Templado con este auto, fechado el 8 de junio y al que ha tenido acceso EL PAÍS. En el mismo, el magistrado admite su error y eleva a auto la providencia. Poco más. De hecho, el magistrado destaca que si motivó “escuetamente” su decisión entonces fue porque “la solicitud pudo hacerse en el Juzgado de Lorca [donde se instruyó la causa hasta que se remitió al Tribunal Superior de Justicia por la implicación del aforado Pedro Antonio Sánchez], pues la parte estaba personada al tiempo de los hechos”. Sin embargo, recuerda que hace poco la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal le recriminó el pasado 5 de junio esta actitud y se instaba “a ser más explícito en sus motivaciones”.

Pese a ello, el juez insiste en no practicar ninguna de las dos pruebas. La solicitud de la documentación, porque asegura que el concejal socialista recibió dicha documentación “y puede aportarla a la causa”. La declaración como testigo del funcionario, porque ello puede provocar “un verdadero seísmo procesal”. Para el magistrado, su citación obliga a convocar a los abogados “de más de 20 partes personadas”, lo que provoca en su opinión un “riesgo de suspensiones, ausencias, dificultades de ocupación de la sala y mil incidencia más, que conviene evitar”.

El nuevo auto se conoce solo unos días después de otro escrito en el que el magistrado cargaba contra las acusaciones por su actitud durante la instrucción. Pérez-Templado –al que una de las partes recusó sin éxito tras salir a la luz pública una fotografía en la que aparecía en la terraza de una cafetería junto a un dirigente del PP local– criticaba que las peticiones de documentación de éstas solo pretendían "traer más y más papeles" a la causa "so pretexto de fantásticas confabulaciones" que rebasan lo que califica de "anchurosos límites de este procedimiento para entrar en un mundo mágico donde toda perfidia tiene su asiento". Incluso, las invitaba a que si creían que había "extraños manejos extra o intraprocesales” en su labor a que interpusieran “querella o lo que les plazca contra sus oscuros autores". "Tal vez las acusaciones no hayan quedado tan convencidas, pero así con las cosas", concluía.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. En sus ratos libres escribe en El Viajero y en Gastro. Llegó a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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