La burocracia frena que el apellido del padre deje de ser preferente frente al de la madre

El Senado aprobará previsiblemente esta semana que la entrada en vigor de la ley del Registro Civil se posponga hasta junio de 2018, lo que supondrá que los recién nacidos sigan recibiendo por defecto el apellido paterno antes que el materno durante al menos un año más. El Congreso aprobó en mayo que esa priorización desapareciera a finales de este mes, emplazando a los progenitores a ponerse de acuerdo. Sin embargo, los partidos han pactado ahora retrasar la aplicación de esta Ley para así coordinarla con la de Jurisdicción Voluntaria, “evitando disfunciones en el tratamiento de la información registral y la aplicación de la nueva estructura organizativa”. En consecuencia, y por tercera vez, la igualdad en el orden de los apellidos ha sido la víctima colateral de una dura negociación para cambiar el funcionamiento de las oficinas del registro civil.

“Si entrara en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que asigna nuevas competencias a notarios y registradores, entraría en contradicción con la Ley del Registro Civil, que establece que los responsables de esas materias son los jueces”, resume Luis Calero, del sindicato Comisiones Obreras, que ha hecho lobby ante el Ministerio de Justicia y los partidos de izquierdas para que se renegocie el texto. “Sería un batiburrillo legal de difícil encaje”, recalca este sindicalista, que también recuerda que aún no se ha puesto en marcha la plataforma tecnológica que debe facilitar la nueva organización del registro. “En la Ley del Registro Civil, como una gota del océano, está el cambio de apellidos, al que nosotros no nos oponemos, ni ponemos en entredicho, sino todo lo contrario. Nos parece un avance en igualdad”, añade. Y subraya: “El problema es de servicio público y laboral. Hay 5.000 trabajadores con el alma en vilo desde 2011, porque no saben si su puesto de trabajo se mantendrá, o si los van a trasladar, si los interinos van a ser cesados o no… nuestra oposición a la Ley del Registro Civil se basa en que no se privatice y se quede en la administración de Justicia”.

Los partidos consideran que necesitan más tiempo para coordinar la entrada en vigor de los cambios en la estructura del Registro (con un nuevo sistema de clasificación de los trámites y una nueva plataforma tecnológica) con las reformas que darán competencias a notarios y registradores en materias como la obtención de la nacionalidad o los matrimonios. Por eso han pactado una enmienda en el Senado que previsiblemente será apoyada de nuevo por todas las formaciones cuando el texto enmendado llegue al Congreso y que afecta al artículo que corrige la prevalencia de los apellidos del padre.

"Más allá de que eso tenga que ver con una reforma más amplia del registro, parece que lo que hay detrás de las resistencias a este tipo de cambios son otro tipo de cosas", opina Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres, sobre los siete años de retraso que acumula la aplicación de la medida (2011). "Estamos muy acostumbradas a que muchas de las reformas en materia de igualdad tengamos que reivindicarlas durante mucho tiempo para que se pongan efectivamente en marcha", añade. "Entiendo la complejidad de cambiar el funcionamiento de un registro, pero este cambio probablemente podría ser perfectamente desgajado del resto. Que dejen de aplazarlo".

El texto original de la Ley del Registro Civil, elaborada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y enmendada después por el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy, especifica su voluntad de favorecer la igualdad de género. La reforma no solo acaba con la muerte simbólica de los apellidos de aquellas familias con hijas únicas, usualmente postergados en favor del varón. También posibilita que se pueda solicitar un cambio de apellidos de forma urgente en los casos de víctimas de violencia de género o de sus descendientes.

Como esa Ley no ha entrado en vigor, la norma sigue privilegiando los apellidos del progenitor salvo que los padres indiquen lo contrario (una posibilidad que existe desde 1999). El número de parejas que han tomado la decisión de priorizar el nombre de la familia de la madre se ha duplicado en el último decenio (de 1.547 en 2010 a 2.953 en 2016). Si la reforma no sufre un nuevo retraso, dentro de un año todas las parejas tendrán que debatir qué orden de apellidos quieren para sus hijos, o dejarlo en manos de los funcionarios si no llegan a un acuerdo.

La fecha de junio de 2018, en cualquier caso, es orientativa. Nada impide que se pacte una nueva prórroga. Lo demuestran los retrasos previos y que el PP intentara convencer al resto de formaciones de que lo ideal era esperar hasta junio de 2019.