La Universidad de Sevilla admite el enchufismo masivo pero evita sancionar a su responsable

La Universidad de Sevilla ha admitido el masivo enchufismo protagonizado por María Luisa Díaz, encargada de equipo en su Unidad de Limpieza, y que enchufó a 22 familiares y amigos entre fijos y eventuales. Dos hijas, cuatro hermanos, seis sobrinos, un cuñado y un yerno figuraban entre los beneficiados. Tras una investigación interna de cuatro meses, la Universidad ha comprobado que el nepotismo existió, pero concluye que carece de armas legales para sancionar a su trabajadora. “No existe ninguna actuación de ningún delito o falta cometidos, y no hay capacidad sancionadora”, alega el rector, Miguel Ángel Castro, que admite “el desprestigio” que este caso ha provocado a la institución.

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“Sus actuaciones merecen un reproche moral (…) ha utilizado la proximidad con los supervisores de Ferroser [contrata de limpieza del grupo Ferrovial] para hacerles llegar los currículos de un número no pequeño de familiares”, admite la institución en su resolución rectoral de la semana pasada. La Universidad reduce el número de enchufados de 22 a 14, pero sin aportar un listado de nombres. Castro califica el caso como “moralmente punible”, y alega que solo el 25% de los enchufes se produjeron con la actual contrata, en vigor desde 2005.

“La actuación de la señora Díaz, si bien no es sancionable disciplinariamente, sí es reprochable desde el punto de vista ético por el perjuicio causado a la imagen de la Universidad”, concluye el dictamen que cierra la investigación reservada iniciada el pasado febrero, tras publicar este diario este particular récord de enchufados en un campus. El informe deduce que Díaz no ha cometido ninguna infracción disciplinaria. Como mal menor, la institución impone a Díaz un cambio de tareas, reorganiza la estructura de la unidad de limpieza, y a partir de ahora potenciará sus mecanismos para garantizar la transparencia en la contratación pública. “Esta señora es un ser humano, con las mismas debilidades que todos. Es una empresa privada y estamos hablando de contratar en una nación donde se contrata de una manera determinada”, opina el rector.

Tras 30 años en la Universidad, Díaz defendió el pasado febrero que su costumbre era legal y no veía incompatibilidad o dilema ético alguno para beneficiar a familiares con primer y segundo grado de parentesco y amigos o vecinos (el 7,3% de la plantilla). Esta semana ha rechazado valorar la decisión de la Universidad que le afecta.

La jefa de equipo de Limpieza ha evaluado la calidad del servicio prestado por Ferroser y si las facultades estaban limpias —tal y como ella misma y sus compañeras de unidad confirmaron— al mismo tiempo que facilitaba a la empresa los currículos de familiares y amigos para su contratación. ¿Ha existido conflicto de intereses? “No sé responderle”, alega el rector, pese a haber firmado la resolución de 25 páginas sobre este caso de nepotismo. El instructor de la información reservada sí niega que exista colisión de intereses, pese a que admite que Díaz tenía un “contacto directo” con los supervisores de Ferroser. Este funcionario, miembro de la escala técnica de Gestión de la Universidad, niega que Díaz vigilara si Ferroser cumplía sus funciones, para a continuación añadir: “Al menos no exclusivamente …”. En paralelo, el informe subraya: "Resulta evidente que la señora Díaz en su visita diaria a los centros observará el estado de limpieza y en caso de que detecte alguna incidencia la trasladará a su jefe inmediato"

El instructor exculpa la actuación de Díaz, aunque para ello se ha limitado a entrevistar a sus tres superiores, Francisco Padilla, José María Sánchez y Francisco Velasco, que elogian la profesionalidad de su coordinadora de equipo: “No puede inferirse ni siquiera indiciariamente que haya realizado negligentemente o maliciosamente sus funciones a fin de favorecer la contratación de sus familiares”, subrayan.

A partir de ahora Díaz no tendrá contacto alguno con la empresa Ferroser o las futuras empresas adjudicatarias del servicio de limpieza —adjudicado por última vez en 2014 por 43 millones— para “preservar tanto la imagen pública de la Universidad como la honorabilidad de la señora Díaz”. En paralelo, para garantizar la igualdad de oportunidades y en la contratación de personal, la Universidad emplazará a Ferroser a publicar en su página web las vacantes de los puestos que surjan a partir de ahora. “Para evitar situaciones de conflicto de intereses entre las empresas, la Universidad y sus empleados”, reza la resolución.

Por su parte, Ferroser alega que aún no ha recibido la recomendación de la universidad para mejorar la transparencia en la contratación, pero avanza que la adoptará de buen grado, a pesar de que ya suele publicitar las vacantes a través de su página web y otros portales de búsqueda de empleo. “Pondremos en marcha las medidas para darle más transparencia a los procedimientos, por nosotros no va a quedar”, afirma un portavoz del grupo Ferrovial.

Jorge Brazalez, de CC OO, hace balance sobre la dimensión del caso: “Desde los años noventa no he visto un caso similar. En la plantilla del Personal de Administración y Servicios (PAS) se entra con examen para garantizar la igualdad, la capacidad y la publicidad, pero en las contratas es distinto. Eso sí, de ese nivel no he conocido ninguno”.