El Consejo Escolar denuncia la “grave inestabilidad” del sistema de becas
Los retrasos en la aprobación de las ayudas provocan que los alumnos sepan lo que van a recibir con el curso "bien empezado"
Son los más precarios, los que no tienen recursos propios para pagarse los estudios. A ellos, los becarios, se refiere el Consejo Escolar del Estado en su último dictamen. Denuncia que el sistema de reparto, que el PP modificó en 2013, provoca “una grave inestabilidad” en estos alumnos porque conocen y reciben las ayudas con el curso ya empezado. El principal órgano de representación de la comunidad educativa reclama, además, que suban las cuantías para garantizar que nadie se quede sin estudiar por motivos económicos.
La crítica al modelo de becas estudiantiles del Estado es una constante en el Consejo Escolar desde que el PP cambió el sistema endureciendo los requisitos académicos —hace falta un 5,5 para acceder a las ayudas, medio punto más de lo que se necesita para aprobar— y estableciendo que una parte de la ayuda fuera variable, en función del número de solicitantes y no de las necesidades reales de los peticionarios. Pero es la primera vez en la que incide además en que esas ayudas llegan tarde y mal.
Entre otras cuestiones, porque los estudiantes las solicitan entre agosto y octubre y las reciben “bien empezado el curso”, entre el segundo y el tercer trimestre, según el dictamen aprobado este miércoles por la comisión permanente del consejo, que analizó el decreto de becas que fija los criterios para el próximo curso y reclamó una revisión del modelo.
La queja fue planteada como enmienda por la confederación de alumnos Canae y se aprobó por mayoría. Se refiere a la convocatoria de las becas de etapas postobligatorias —que engloba Bachillerato, FP y Universidad— y añade que la situación es “especialmente complicada” para los estudiantes de segundo de Bachillerato porque convertirse en universitarios depende de estas ayudas.
El ministerio acepta el modelo andaluz de tasas casi gratuitas
El Ministerio de Educación cree que “no existe impedimento desde el punto de vista competencial” con el sistema de bonificaciones de hasta el 99% del precio de las matrículas universitarias que Andalucía pondrá en marcha el curso que viene.
Un portavoz oficial explica que el nuevo sistema andaluz, adelantado por este periódico y confirmado ayer por la presidenta Susana Díaz en el Parlamento regional, “vendría a complementar” las becas estatales que reciben unos 80.000 estudiantes andaluces.
En realidad, la propuesta de la comunidad va un paso más allá y se acerca al modelo de universidad gratuita implantado en gran parte de Europa, muy alejado del fragmentado sistema español, con enormes diferencias de precios de una región a otra. Supone que el estudiante que apruebe todo solo pagará el primer año de carrera. El resto, tendrán descuentos en función del número de asignaturas que vayan pasando cada curso.
Profesores, alumnos, familias, representantes de las escuelas concertadas y privadas y la Administración forman parte del consejo, reunido en la comisión permanente. La enmienda salió adelante por mayoría, con el único voto en contra de los representantes del Ministerio de Educación.
La beca se divide en una parte fija, que supone hasta 1.500 euros para las rentas más bajas y otros 1.500 como máximo si el alumno reside fuera del domicilio familiar, y una parte variable, cuya cuantía mínima es de 60 euros y que varía en función del número de peticiones.
El consejo ya ha reprochado al Gobierno en años anteriores que no ve acertado que parte de la ayuda que sirve para cubrir las necesidades económicas de los alumnos con menos recursos dependa de una asignación competitiva en función de la nota. Y pide una vez más que se incrementen las cuantías, con hasta 3.500 euros en función de la renta, otros 2.556 en función del lugar de residencia y una parte variable de, al menos, 150 euros.
Carles López, presidente de Canae, recuerda que el principal órgano de representación de la comunidad educativa ha pedido modificaciones de forma periódica en los últimos cinco años y “el ministerio no ha cambiado ni una coma de su real decreto, obviando la situación de muchos estudiantes”. La cuestión podría cambiar, como otros aspectos que el Gobierno ha modificado desde que está en minoría. Según varios asistentes a la reunión del consejo, los representantes del Ministerio de Educación se han comprometido a revisar el modelo con Hacienda y barajan incluso introducir modificaciones a partir de 2018.
El sistema de reparto fue impulsado por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert, que ya en 2014 admitió “retrasos” e “incertidumbre”. Ese año las últimas ayudas llegaron a los alumnos en mayo, una situación que, al parecer, se ha mantenido ya con Íñigo Méndez de Vigo al frente del ministerio.
Según denuncian tanto Canae como la confederación de familias de la escuela pública, la Ceapa, también este año se han retrasado algunas becas hasta abril o mayo, lo que pone en riesgo a los estudiantes más pobres, recuerda José Luis Pazos, presidente de la Ceapa: “Se supone que se tienen que autofinanciar hasta que llega la ayuda, lo cual es un contrasentido. Si uno pide una beca y se la conceden es precisamente porque no dispone de recursos”.
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