Los 3.805 hijos del Gobierno valenciano
El Gobierno valenciano reforma el sistema de acogida de menores en medio de denuncias de presunto maltrato y abuso
El silencio se hizo espeso en el Parlamento valenciano cuando el pasado 24 de mayo la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, leyó fragmentos de informes oficiales sobre las anomalías detectadas en algunos centros de menores de la Comunidad Valenciana. Se parecen a las “novelas de Dickens”, llegó a decir el presidente Ximo Puig.
Oltra había anunciado días antes una reforma del sistema de protección de menores para poner fin al “sistema privatizado, prácticamente desmantelado”, que heredó en 2015 del anterior Gobierno del PP. Habló de castigos físicos como duchas frías, de comida caducada en los menús e incluso de un supuesto caso de acoso sexual en un centro concertado de Segorbe, regentado por una orden religiosa, que terminó con un educador despedido. Oltra admitió también una investigación en marcha por posible corrupción de menores en la que estaban implicados algunos tutelados del centro público de Monteolivete (Valencia). Posteriormente ha trascendido que la fiscalía investiga otro posible caso de prostitución de tutelados en el entorno del centro.
El PP se revolvió contra las acusaciones de Oltra. “He sido consejera pero nunca se me hubiera ocurrido venir aquí relatando unos hechos tan graves y que afectan a menores para justificar su gestión”, le afeó la diputada autonómica del PP María José Catalá, quien le recordó a Oltra que llevaba ya dos años en el cargo como responsable de menores.
Regina del Peral, coordinadora de las Terciarias Capuchinas, la orden que gerencia La Resurrección de Segorbe, donde se produjo el supuesto acoso o abuso sexual a una menor tutelada —un juzgado de Castellón investiga los hechos—, así como posibles castigos y la comida deficiente o escasa, se defiende. “Para preservar la integridad de la menor, de 17 años, despedimos al educador por incumplimiento de contrato”, dice la religiosa. “El expediente administrativo [que se abrió] concluye que es una conducta inadecuada del trabajador”, que fue despedido [por contactar con la menor fuera del centro, cuando los empleados lo tienen prohibido], pero Del Peral niega rotundamente que encubrieran un caso de abuso.
Rechaza además que la comida estuviera en malas condiciones —“bajo ningún concepto”—, aunque admite que la mayor parte de los 2.200 euros mensuales para la manutención que recibe de la Generalitat por menor se destina a las nóminas de los trabajadores. “Para la comida quedan unos 10 euros diarios”[DIARIOS], calcula. Y la ducha era templada no fría. El centro ha anunciado acciones judiciales contra la vicepresidenta por sus declaraciones en el Parlamento.
El Gobierno valenciano trasladó a los 18 menores de Segorbe a otros centros a principios de mayo y confirmó el cierre en julio del centro de Monteolivete —la fiscalía advirtió que debía cerrarse—. El trabajo es ingente con 3.805 menores que están bajo la tutela de la Generalitat. Algo más del 30% vive en alguno de los 80 centros de acogida, de los que 10 son públicos, 15 mixtos y 55 privados. Oltra anunció refuerzos en las instituciones, más inspecciones y más acogimiento en familias.
María Atienza y su marido Javier Guzmán saben mucho de estos menores. Este matrimonio de Aldaia (Valencia) ha acogido durante seis años a nueve menores; el último E., de ocho meses. “Tengo un corazón, no una patata, y claro que se me rompe cada vez que se van. Pero tienes que tener claro que no te los quitan. Nuestra labor es durante un periodo de transición. Al bebé que cuidan ahora y a los anteriores, los tutela el Estado, y nosotros los acogemos hasta que la Administración les encuentra una solución definitiva; ya sea volver con la familia biológica o la adopción u otra salida”, se explaya Atienza, de 48 años.
Suelen estar con ellos de 6 a 13 meses. “Los niños se adaptan infinitamente mejor de lo que creemos. La transición de la familia de acogida a la de adopción se tiene que hacer de forma muy delicada. Son pequeños y hay que respetar sus tiempos”, añade. Esta pareja coincide en que hay que poner la lupa sobre el sistema, donde, en su opinión, ha habido abandono y dejadez. “Ahora veo una declaración de buenas intenciones [en los anuncios de reforma de la Generalitat]. Si se va a plasmar o no, lo veremos”, añade Atienza.
El matrimonio considera que los centros no pueden desaparecer porque en algunos casos son necesarios, “pero ni deben estar masificados ni esas barbaridades que hemos escuchado”, añade Javier. Su cuidado no debe depender de si gobierna un partido u otro: “Son niños y hay que protegerlos”, remacha Guzmán.
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