Rivera acordó con Rajoy proteger al máximo a los funcionarios en Cataluña

En todas las conversaciones recientes, que son más de las conocidas, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha trasladado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su enorme preocupación por la situación particular de los funcionarios en Cataluña ante el desafío separatista. Rajoy ha convenido con Rivera que el Ejecutivo central les dará la máxima protección ante iniciativas unilaterales o ilegales de la Generalitat, como el referéndum de independencia que se pretende. Rivera ha comunicado esa inquietud hace unos días a la vicepresidenta.

Más información

La independencia de Cataluña será inmediata si no hay referéndum

ERC asegura que la Generalitat dará cobertura a los funcionarios

Un alto cargo de La Moncloa del entorno cercano a Rajoy precisaba hace unos días que el presidente del Gobierno y el líder de Ciudadanos hablan más de lo que se piensa, que ya no necesitan intermediarios como en otra época en la que su relación era mala y escasa, pero que esa conexión no se comunica por los recelos de Rivera a que se le vea como un socio previsible del PP. Su visión política es en muchos asuntos diferente, por la distancia generacional y de actitud, pero en el problema con Cataluña apenas han encontrado discrepancias graves. Fuentes de la dirección de Ciudadanos han remarcado así que uno de los temas que Rivera siempre le recuerda a Rajoy en sus charlas es que hay que preparar una buena cobertura legal y política para los funcionarios en Cataluña ante lo que pueda suceder.

Albert Rivera mantuvo hace meses una reunión de trabajo con el presidente del CSIF, Miguel Borra, el sindicato mayoritario en la Administración del Estado, y éste le resumió las dudas y preocupaciones que llevan meses enviándoles numerosos funcionarios verbalmente y en privado. Son las mismas inquietudes que los representantes sindicales le han indicado a la portavoz hasta ahora de la función pública en la gestora del PSOE, María Jesús Serrano, y las que llevaron en su agenda a la cita que mantuvieron en La Moncloa con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado 10 de mayo. Los funcionarios quieren despejar las posibles incógnitas sobre su futuro y sobre todo pretenden conocer qué les podría pasar si reciben una orden de un superior para cumplir una instrucción que pueda ir en contra de la Constitución, el estatuto de autonomía o la ley de la función pública.

Fuentes de la cúpula de Ciudadanos remachan que Rivera reiteró esa necesidad de ocuparse de los funcionarios en la conversación que desarrolló con la vicepresidenta cuando ésta le llamó el 19 de mayo para anticiparle que iba a comparecer tras el Consejo de Ministros para invitar a Puigdemont a que acudiera a explicar su plan independentista al Congreso. Rivera volvió a requerir más protección a los funcionarios.

El mensaje de Santamaría

Santamaría ya había oficializado ante el representante sindical su mensaje de tranquilidad en el sentido de que el ejecutivo no va a dejar a nadie desamparado y le derivó a otra cita, que se celebró este 24 de mayo, con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Ese día EL PAÍS adelantó los planes de la Generalitat en su ley de Transitoriedad Jurídica donde se detallan los pasos para la ruptura exprés y unilateral con el resto de España. Incluido el traspaso directo de los funcionarios autonómicos y locales (casi 300.000) y con algunas condiciones de los 27.800 de la administración del Estado. Esa posibilidad alarmó al CSIF y fue el monotema del encuentro. De todos esos contactos los delegados sindicales se han quedado con la novedad por parte del Gobierno de que “hasta ahora habían estado expectantes ante los comportamientos de la Generalitat pero ahora ante cada acción habrá una reacción”. Y también con la oportunidad de abrir una vía de diálogo permanente con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro.

Los servicios jurídicos de CSIF elaboraron un informe en septiembre de 2015, que han entregado a todos sus interlocutores, con el protocolo de instrucciones básicas para los funcionarios: recoger todas las ordenes por escrito; dejar constancia ante los jefes de cualquier posible ilegalidad e interponer recursos legales; y no acatar esos mandatos y ponerlos en conocimiento de las respectivas inspecciones.